Como parte de las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, se instalaron tres grupos de trabajo para abordar el tema “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, con aportaciones de ponentes de las zonas centro, sur y norte del país.

Grupo de trabajo Zona Centro

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena), secretaria de la Comisión y quien coordinó este grupo, refirió que la zona centro abarca los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala. Mencionó que se van a recopilar los cambios sugeridos para llevarlos a la Comisión para la discusión de esta Ley.

De Morena, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia comentó que el distrito 35 Tenancingo, Estado de México, es una región históricamente deficiente en materia hídrica; sus condiciones geográficas así lo señalan y también como producto de una mala legislación y administración del agua. “La tala desmedida que existe y el crecimiento urbano descontrolado ha generado una ruptura social. La gente se pelea por el agua”.

También de Morena, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez propuso regularizar todos los trámites rezagados, fortalecer las áreas de administración del agua incluyendo los sistemas de gestión y de información, así como las transmisiones, la dotación de agua para servicios e industria público-urbano e incentivar el uso de agua residual tratada.

En su intervención, Christopher Ávila Mier, representante de la Concamin, consideró que se debe incluir en la Ley que se garantizará la reasignación de los volúmenes recuperados para las actividades productivas. “Como sector industrial quisiéramos traer a la mesa el reúso de las aguas residuales. Ciertamente la industria es una de las que podría tener una oportunidad grande en el aprovechamiento de los mismos”.

Rosa María Sánchez Maldonado, directora general de CANIPEC, manifestó que es necesario poner al centro el derecho humano del agua y generar mayor bienestar. “En la ley se debe reconocer el uso eficiente de procesos productivos y económicos del agua y considerar términos como adquisición, transmisión y reasignación.

Luis Fernando Haro Encinas, del Consejo Nacional Agropecuario, resaltó que es indispensable que la Ley a discusión, incluya incentivos claros para los productores, ya que en el campo y el sector agrícola el 76 por ciento del agua se utiliza para producir alimentos; por ello, pidió que el régimen de concesiones sea diseñado con visión de futuro, rigor técnico y responsabilidad social garantizando el derecho humano al agua como una prioridad.

A nombre del Centro de Estudios de Sostenibilidad del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Carlos Zárraga Sarmiento propuso una modificación a la iniciativa para establecer que la sobreexplotación se produce cuando la extracción de las aguas subterráneas y superficiales sobrepasa su capacidad de recuperación natural, que genera efectos adversos en la proporción variable, que demuestren los estudios técnicos realizados o aprobados por la autoridad del agua.

Judith Domínguez Serrano, del Colegio de México, al hablar sobre el reúso de aguas residuales, planteó establecer que en el artículo 84 Bis 5 las legislaciones estatales son las encargadas de regular el reúso de las aguas tratadas y no tratadas en su ámbito territorial, teniendo en cuenta lo establecido en las NOM.

José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, advirtió que concentrar en oficinas centrales el otorgar permisos y concesiones iría en contra de la idea de dar mayor eficacia y transparencia a la operación y eficiencia de la propia Comisión, por lo que planteó que en ese aspecto la ley se quede como está, a fin de que los títulos de concesión, asignación y permiso de descarga sean otorgados a través de los 13 Organismos de Cuenca.

Franco Lammoglia Ordiales, especialista en Derecho Ambiental, estimó que la propuesta para crear la Ley General de Aguas dará coherencia constitucional al derecho humano al agua, permitiendo la regulación administrativa de este recurso en un marco diferenciado; sin embargo, indicó que la prohibición de las transmisiones es una herramienta que permite eliminar el mercado negro, pero resta operatividad y continuidad a las industrias para quienes el agua es un insumo para su producción y no una especulación.

La consultora política Susana Barroso Salcedo expresó que el marco jurídico es un ordenamiento sólido, amplio y robusto, que siempre tiene oportunidad para mejorar para que la gestión del agua sea adecuada y atienda las necesidades coyunturales del país. “Vemos oportuno que la iniciativa del Ejecutivo fortalezca la regulación en torno al reúso, ya que es una herramienta clave para el futuro del país”.

Alejandro Monteagudo Cuevas, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores, dijo que, si bien hay disposiciones expresas en cuanto a lo que es el agua y la salud, no hay ninguna disposición que haga referencia al derecho humano al medio ambiente, a la alimentación adecuada.

A nombre del Consejo Mexicano de la Industria de Consumo, Daly Pérez Ramales explicó que con establecer un máximo de seis años para utilizar la cuota de garantía de no caducidad se estaría creando de cierta manera un incentivo perverso para que las personas concesionarias utilicen el agua en su totalidad, en lugar de implementar diferentes técnicas, prácticas e instrumentos para que puedan utilizar el agua de manera eficiente.

Osvaldo Ramón Belmont Reyes, director técnico en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, subrayó que de un ejercicio al interior de la asociación para estimar de qué tamaño es la participación de la industria automotriz respecto del 4.8 por ciento que tienen probado, únicamente usan el 1.39 por ciento, que “es una cantidad pequeña en relación con toda el agua disponible”.

Ángel Saúl Reyes Lastiri, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, sugirió hacer algunas precisiones sobre el vocabulario dentro de la iniciativa, así como considerar a la Cuenca como una unidad de estudio.

Hernán Rogelio Islas Solis, representante de las Unidades de Riego del municipio de Metepec, Hidalgo, pertenecientes al acuífero del Valle de Tulancingo, cuestionó que en el proyecto se limite o no se permita la transmisión de derechos de uso de aprovechamiento de aguas nacionales entre particulares, ni en vida ni por herencia.

Jorge Humberto Salgado Rabadán, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, argumentó que en la actual ley de aguas nacionales se considera solamente el uso del recurso hídrico en la exploración y la explotación minera; sin embargo, es en el beneficio de esta materia donde se utiliza mayor cantidad de agua” y ahí no se considera”. Respeto del fracking dijo que en este método no se tiene claro qué sustancias químicas están aplicando en este proceso.

Enrique López López, director de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, hizo notar que en las ciudades el 40 por ciento del agua se pierde por infiltración, por lo que se requiere modernizar el aprovechamiento y abrir posibilidades para programas de impulso a la inversión e infraestructura.

Fabián Olmedo, agricultor, enfatizó que es importante lograr una Ley de Aguas Nacionales que represente a todos, garantice el líquido vital para el consumo humano, y que los agricultores estén representados y participen activamente con igualdad de circunstancias.

Rodolfo Bravo Ornelas, presidente del comisariado ejidal de Cuerámano, Guanajuato, consideró que se violarían los artículos 27, 14,16,22 y 31 de la Constitución Política si se aprueba esta Ley de Aguas. “Desde ahí ya tenemos cinco artículos que nos pueden dar motivos de meter amparos porque somos más de 30 mil productores con pozos”.

Vicente Gómez Cobo representante de Femeleche, relató que en México el 76 por ciento del agua se utiliza para producir los alimentos que consumen las y los mexicanos. “El arraigo en el campo es y ha sido un problema en nuestro país, las grandes migraciones han despoblado y envejecido a la población rural”.

En esta mesa, agricultores, productores, ejidatarios, abogados y representantes de asociaciones, organizaciones y de diversos sectores productivos, comentaron que la aprobación de esta modificación generaría un marco claro para impulsar la adopción masiva de tecnologías pluviales, alinear la política del agua con estándares internacionales de sostenibilidad y convertir a México en referente regional, gestión hídrica, resiliente y circular.

Grupo de trabajo Zona Sur

Al instalar el grupo de trabajo Zona Sur, su coordinador, el diputado Gabriel García Hernández (Morena) aseveró que el propósito es auxiliar en la revisión de la iniciativa de la presidenta de la República, para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.

Resaltó que las audiencias públicas que iniciaron este martes en la Cámara de Diputados buscan recoger las propuestas y observaciones que formarán parte de la revisión y dictaminación de la iniciativa presidencial.

Por ello, añadió, “se dará cuenta de todas las aportaciones y posicionamientos a lo largo de estos cuatro días y previo al dictamen se tendrá que dar respuesta puntual a cada una de las observaciones”.

La diputada Margarita Corro Mendoza (Morena) destacó que la importancia de las concesiones del agua es que realmente sean utilizadas específicamente para lo que fueron concedidas y que exista un padrón de cuántos productores hay, si están en funciones o aún viven los productores originales. Agregó que se deberían de aplicar mayores recursos para proyectos productivos y población que realmente lo necesita.

Ana Pohlenz de Tavira, representante de la Alianza Ríos Mayas, pidió incorporar el reconocimiento legal de los ríos y cuerpos de agua como entidades vivas con derechos, protección legal, efectiva y vinculante, bajo la tutela de las comunidades mayas que habitan estos territorios. Aseguró que actualmente los derechos de la naturaleza no están plasmados en la legislación mexicana.

A su vez, Néstor Octavio Guerrero Sánchez, director de Proyectos Especiales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, solicitó conservar el artículo 23 Bis en la vigente Ley de Aguas Nacionales, que establece un mecanismo para suministrar provisionalmente algún volumen de agua sin que esto implique una transmisión de derechos. Advirtió que eliminarlo sería perjudicial en casos de arrendamiento de superficies.

Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, calificó el artículo 12 Bis “como una reacción débil y poco burocrática”, donde los Organismos de Cuenca son participantes y se intuye que se deja el poder de la decisión a la Comisión Nacional del Agua. “De lo que se trata es que se les otorgue la autoridad directa a los Organismos Regionales de Cuenca”.

En opinión de Olivia del Consuelo Flores de la Torre, activista de derechos de los animales, la nueva propuesta incorpora la intervención de los tres órdenes de gobierno y del sector privado para el fomento al reúso de las aguas residuales y es una ampliación sustantiva de las obligaciones y del alcance institucional. “Desde la perspectiva jurídica esta modificación se alinea con los principios de cooperación intergubernamental, prevención y gestión integrada del recurso hídrico”.

En tanto, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua A.C., externó que la legislación actual no permite el reúso de aguas residuales tratadas para consumo humano, lo que limita las soluciones ante el estrés hídrico y contamina ecosistemas como lagos, ríos, lagunas, cenotes y arrecifes. Propuso una reforma legal que habilite el reúso bajo condiciones seguras, así como la creación de un sistema de certificación y vigilancia.

Grupo de trabajo zona Norte

Al instalar el grupo de trabajo Zona Norte, la diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena) recordó que serán cuatro días de actividades en los que se abordarán estos y otros temas, que responden a los retos de la región norte del país, donde se concentran fenómenos como estrés hídrico, explotación de acuíferos, alta demanda agrícola e industrial y patrones de variabilidad climática que requieren una revisión técnica, normativa y de política pública.

La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Morena, hizo notar la importancia de abordar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales con un enfoque humano. Expresó su preocupación porque la iniciativa prohíbe la transmisión de derechos de concesión, lo cual podría dejar en estado de indefensión a las personas adultas mayores y propuso no se aplique a viudas, agricultores y productores adultos mayores.

El senador Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, manifestó que se tiene que combatir la especulación, pero subrayó que prohibir las transmisiones equivale a destruir la seguridad jurídica de quienes sí cuidan el agua e invierten en ella; además, se deben permitir transmisiones legítimas de herencias, sucesiones y compraventas agrícolas.

El diputado local de Zacatecas Jesús Padilla Estrada (Morena), sostuvo que “la iniciativa no considera las particularidades de cada estado o región”, por lo que planteó hacer un examen riguroso y no legislar en fast track. Consideró que la propuesta deja en estado de indefensión a miles de pequeños productores, violenta el principio de legalidad, por lo que no habrá producción y se perderán empleos.

El director de Suelo y Agua de la Secretaría del Campo de Zacatecas, Refugio Rodríguez López, indicó que se debe escuchar a todos los integrantes de la cadena productiva para enriquecer el planteamiento de la titular de Ejecutivo, porque el trato debe ser diferenciado por región.

Octavio César Hernández Álvarez en representación de Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, solicitó conservar el mecanismo que ha permitido suministrar algún volumen de agua sin que se trate de una transmisión de derechos y sin que se modifique uno solo de los términos de concesión otorgados.

Guillermo Pérez Gavilán, del Consejo Consultivo del Agua, de Durango, planteó que se autorice la transmisión de concesiones entre particulares, se regule y ordene para evitar su especulación. Además, subrayó la importancia de contemplar una partida presupuestal que soporte las responsabilidades de la Conagua.

Jorge Luis López Martínez, del Consejo Nacional Agropecuario, expresó que se requiere una ley que ponga orden en el manejo del agua y fortalezca las facultades de la Conagua, tanto jurídicamente como con presupuesto, y una política hídrica apropiada con respeto irrestricto a la seguridad jurídica del derecho al agua.

Del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, Sergio Valdivia Torres expuso que el régimen de concesiones es elemental para garantizar la seguridad hídrica del país y el acceso a este recurso estratégico y esencial para el desarrollo. Es fundamental un marco legal robusto que permita su gestión eficiente y equitativa.

En esta mesa se manifestó la necesidad de una ley de aguas útil que dé certeza jurídica, la importancia de no quitar facultades a organismos de cuenca, ni eliminar la transmisión de derechos del agua y que puedan transferirse a familiares en línea recta, cónyuge, concubina, concubino o personas morales. Se planteó retirar la figura de la negativa ficta y saber cuánta agua hay en cada distrito.

Además, ampliar el periodo de solicitud de prórroga para los títulos de concesión; que los derechos, considerar pozos ganaderos y pecuarios de prioridad social y seguridad rural; facultar a organismos de cuenca para sustanciar y resolver concesiones y asignaciones; que el volumen de agua concesionada dependa de la disponibilidad del acuífero.

Participaron en esta mesa funcionarios municipales, académicos, consultores nacionales, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina, el Grupo de Productores de la región de Centro-Norte de Zacatecas, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Sector Privado Empresarial de Durango, el Centro de Investigaciones de Aguas Nacionales, así como Unidades y Distritos de Riego.