30 de marzo de 2025.- El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes generales de Población y de Educación, con el objetivo de facilitar la reincorporación de las y los mexicanos repatriados al sistema educativo.

La reforma a la Ley General de Población establece que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades educativas federales y locales, deberá implementar estrategias que garanticen la reintegración de los repatriados en el sistema educativo. Entre las medidas planteadas se incluyen la agilización de los procesos de inscripción, la convalidación de estudios previos y la oferta de programas educativos adaptados a sus necesidades específicas.

Asimismo, se promoverá el acceso equitativo a la educación en distintas modalidades, ya sea presencial, semipresencial o a distancia, asegurando que los mexicanos repatriados puedan continuar con su formación académica en igualdad de condiciones.

En cuanto a la Ley General de Educación, la iniciativa subraya la necesidad de facilitar los procedimientos de revalidación de estudios para niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes repatriados. Además, establece que, mientras se lleva a cabo este proceso, los estudios de los beneficiarios no deberán ser interrumpidos.

El documento, que fue turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Educación, expone que uno de los principales obstáculos que enfrentan los migrantes y repatriados es la falta de documentos oficiales, como el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y constancias de estudios previos. La ausencia de estos documentos impide su acceso a servicios básicos, en especial a la educación pública, dificultando su reintegración a la sociedad.

A pesar de que el derecho a la educación está garantizado por la Constitución y diversos tratados internacionales, los migrantes y repatriados enfrentan múltiples barreras administrativas debido a la carencia de documentación. Los trámites para obtener los documentos necesarios suelen ser largos, complejos y, en muchos casos, inaccesibles para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que limita el ejercicio pleno de sus derechos, agregó el diputado.

Rodríguez Barroso destacó que, a pesar de los marcos normativos existentes que garantizan la igualdad de acceso a la educación, persisten dificultades administrativas que impiden a los migrantes y repatriados acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones con el resto de la población. Señaló que la falta de soluciones efectivas para estos desafíos pone en riesgo la integración social y económica de este sector de la población.