La controversia por la reforma judicial en México intensifica tras acciones judiciales.

Ciudad de México.-Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la Presidencia, aclaró durante la conferencia matutina de este viernes 18 de octubre que los jueces de distrito carecen de autoridad para detener la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ernestina Godoy, anteriormente fiscala en la Ciudad de México, señaló que las modificaciones constitucionales están protegidas de intervenciones judiciales, motivo por el cual criticó la acción de la jueza Nancy Juárez Salas, quien exigió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retirara la mencionada publicación.

“No vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum también enfatizó que la directiva de Juárez Salas excede sus competencias y cuestionó su intento de anular una reforma respaldada por la Constitución y derivada de la voluntad popular mexicana.

Ernestina Godoy subrayó la existencia de un conflicto de intereses entre los jueces que han otorgado amparos contra la reforma judicial, exigiendo una revisión por parte de la Judicatura de estas actuaciones contrarias a la Constitución.

“Ellos mismos saben, son constitucionalistas, son peritos del derecho, y saben que la misma Suprema Corte ha negado que se pueda revisar una reforma constitucional”, explicó Godoy.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a inicios de este mes, consideró un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que permite al Pleno analizar controversias contra la reforma judicial, basándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

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En su fallo, la jueza Nancy Juárez detalló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió con la orden de no publicar la reforma judicial en el DOF en septiembre pasado, solicitando a la presidenta Sheinbaum que acate el procedimiento.

Además, advirtió que el incumplimiento podría resultar en sanciones penales severas contra las autoridades responsables.