Los casos de deudores alimentarios en Michoacán alcanzan 12,811, reflejando un aumento significativo en los últimos años.
Morelia, Michoacán.- Al menos 12 mil 811 casos de deudores alimentarios se registran desde el 2018 hasta el 2024, de acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), lo que revela un crecimiento de estos casos.
El pasado 19 de mayo, el Congreso de Michoacán aprobó designar el 10 de junio como ‘Día del Padre’, lo cual se oficializó con la publicación del Periódico Oficial de Michoacán el 19 de mayo de este año, por lo que, a partir de este día, se festeja a los padres de familia.
No obstante, las estadísticas del BANAVIM del 2018 al 2024, han registrado un total 12 mil 811 casos en Michoacán de violencia de tipo económica, es decir, situaciones donde los padres han incumplido con su obligación de proporcionar pensión alimenticia para sus hijos, aunque el incremento ha sido notable en los últimos tres años.
En 2022 se documentaron 3 mil 326 casos, la cifra más alta del periodo, mientras que en 2023 se registraron 2 mil 782 casos.
Para el año 2024, aunque con una ligera disminución, el número se mantuvo alto con 2 mil 312 casos, en contraste, años anteriores como 2020 y 2018 presentaban cifras significativamente menores, con 911 y 1 mil 80 casos, respectivamente, lo que evidencia un aumento progresivo de esta problemática.
Aunque las cifras de deudores alimentarios no son menores, el Congreso de Michoacán decidió establecer el 10 de junio como fecha para conmemorar el Día del Padre, una iniciativa que busca reconocer la paternidad responsable.
Sin embargo, activistas y organizaciones sociales han señalado que dicha celebración debería ir acompañada de acciones más firmes para combatir la evasión de responsabilidades parentales.
Especialistas advierten que el incumplimiento de la pensión alimenticia no solo representa un delito, sino que también vulnera los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, por lo que han llamado a las autoridades estatales a fortalecer mecanismos de seguimiento y sanción para los deudores alimentarios.
