Millonarias son las irregularidades del silvanismo en Michoacán, las que posicionaron al estado entre los más observados por la ASF durante la pasada administración

Morelia, Michoacán.- En Michoacán las cuentas pendientes del silvanismo son millonarias, con procesos iniciados tanto por la Auditoría Superior de la Federación, como por la del Estado, así como por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

Este sábado trascendió la detención de quien fuera el secretario de Finanzas del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Carlos Maldonado Mendoza, además de otros funcionarios de la administración silvanista, y ha trascendido la inminente detención de tres de sus secretarios de seguridad.

Entre los muchos pendientes de la administración de Aureoles están las diversas irregularidades financieras que se detectaron en materia de seguridad. En febrero de 2022 a cuatro meses de haber iniciado funciones, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ya reportaba 148 denuncias presentadas por irregularidades detectadas en la administración que le antecedió.

En 2018, cuando la presentó los resultados de la Cuenta Pública Federal de 2016, el gobierno de Silvano Aureoles fue el más observado de los estatales en el país, incluso por encima del de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

Para entonces las observaciones por irregularidades en el manejo de recursos federales en Michoacán fueron por seis mil 246.9 millones de pesos.

En octubre de 2018, los titulares de las secretarías de Finanzas y Salud, así como los directores del Seguro Popular que ejercieron funciones en Michoacán de 2012 a 2016 fueron denunciados por la organización Impunidad Cero, por irregularidades detectadas por la ASF.

En total fueron 14 las denuncias presentadas por la agrupación en contra de los funcionarios michoacanos por irregularidades que involucraban un monto de 927.8 millones detectadas en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 2016.

Al mes siguiente -noviembre de 2018- cuando la ASF se encontraba fiscalizando los recursos federales ejercidos en 2017 por el silvanismo, ya sumaban 525.9 millones de pesos de probable quebranto en ese año, pues no se tenía documentación sobre el destino de tales recursos.

Finalmente la cifra fue mucho mayor cuando la Auditoría acabó el proceso de fiscalización y presentó su informe en febrero de 2019, en donde las observaciones para Michoacán sobre el ejercicio 2017 sumaban cuatro mil 466.4 millones de pesos.

De ese total de recursos observados, un total de tres mil 293 millones seis mil 200 pesos se calificaron como un probable daño a la hacienda pública federal.

La tendencia se mantuvo y tras la revisión del ejercicio fiscal 2019, Michoacán fue el segundo estado más observado por la ASF. Para entonces el órgano fiscalizador confirmó múltiples irregularidades en la construcción de lo que fue la joya del silvanismo, la nombrada Ciudad Salud, anomalías que se involucran con el ejercicio de recursos federalizados por más mil 425.5 millones de pesos.

Las detección de irregularidades en la construcción de los nuevos hospitales General Dr. Miguel Silva, e Infantil Eva Sámano de López Mateos no era nueva, ya en la revisión de la cuenta pública 2018 la Auditoría había realizado diversas observaciones a las anomalías vinculadas con las obras.

Por ejemplo, en el proyecto identificado con clave de cartera número 1212U000039, correspondiente a la sustitución y equipamiento del Hospital General Dr. Miguel Silva, el Gobierno de Aureoles reportó que había gastado un total de 643 millones 185 mil pesos, sin embargo la Auditoría descubrió que en realidad sólo fueron 159 millones 942.8 mil pesos los usados, es decir, se infló el reporte de gasto cuatro veces más de lo realmente ejercido.

Entre los hallazgos de la ASF a las revisiones del gasto federalizado de 2020, las irregularidades del silvanismo sumaron dos mil 23.7 millones de pesos, colocando al estado a la cabeza de los estados observados por el órgano fiscalizador.

Entre lo detectado entonces por el órgano fiscalizador estaban más de 160 millones de pesos que la administración de Aureoles no aclaró sobre recursos provenientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que debían ser destinados a garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

De las revisiones de 2021, año que la administración silvanista ejerció nueve meses, el monto observador por la Auditoría a Michoacán se disparó, con un total de 8.2 mil millones de pesos, lo que representó que este estado abarcara el 54.3 por ciento del monto de los recursos observados por la ASF a las 32 entidades federativas del país.

En los hallazgos detectados por el órgano fiscalizador por pagos improcedentes o en exceso que ascendieron a 2.3 mil millones de pesos en los 32 estados, Michoacán también llevó la delantera ya que del total le corresponde el 40.2 por ciento, 947.9 millones de pesos por pagos irregulares.

La falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa tuvo un monto por aclarar de 78.3 millones de pesos, que correspondieron a Pliegos de Observación de los 32 estados. Al respecto, Michoacán representó el 96.7 por ciento del total con 75.7 millones de pesos.

En 2021, utilizando los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la Secretaría de Educación del Estado -cuando Héctor Ayala Morales era el titular- realizó pagos a personas que ya habían muerto.

Conforme a lo trascendido hasta el momento, la detención del Carlos Maldonado obedecería a las irregularidades registradas en la construcción de cuarteles en la pasada administración.

En febrero de 2022, el gobierno bedollista dio el primer reporte detallado sobre este caso. El mandatario señaló que como parte de las irregularidades al gasto público que se denunciaron ante la federación, está el sobrecosto a la compra-venta de las instalaciones del Cuartel Regional de la Policía Michoacán de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a un avalúo técnico realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el costo real del predio es de 131 millones de pesos y no de 905 millones que pagó la administración anterior por concepto de arrendamiento y compra del inmueble.

Tan solo de arrendamiento se erogaron 610 millones de pesos y otros 294 millones para adquirir el complejo que cuenta con espacios blindados, helipuerto y una Casa de Gobierno para uso exclusivo del exmandatario estatal.

La información formó parte de las investigaciones que se realizaron en las dependencias en donde se encontraron inconsistencias en el gasto público y que se denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.