Persiste la tortura en México a pesar de los esfuerzos e investigaciones para combatirla.
María Luisa Aguilar Rodríguez, subdirectora del , reveló que en México existen más de 4,500 investigaciones activas relacionadas con tortura solo en el año 2023.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, Aguilar Rodríguez destacó la grave situación que representa la continuidad de este crimen en el país, a pesar de los intentos por eliminarlo.
La subdirectora explicó que un paso significativo en esta lucha es la implementación del programa nacional para prevenir, investigar y sancionar la tortura, cuya publicación estaba pendiente desde la aprobación de la Ley General contra la Tortura en 2017.
“El programa es una herramienta administrativa para generar políticas públicas que ordena crear la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura”, destacó Aguilar Rodríguez.
Este documento debía ser publicado en diciembre de 2017, pero el plazo no fue respetado. A pesar de ello, diversas entidades y organizaciones civiles siguieron trabajando en su desarrollo, aunque la Fiscalía General de la República se resistió a su publicación, lo que derivó en un proceso legal liderado por organizaciones como Fundar, Documenta y el Centro Prodh.
“En enero de este año, el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenó a la Fiscalía General de la República publicar este programa. El tribunal le dio a la Fiscalía diez días para cumplir con la sentencia, plazo que se cumplió a inicios de esta semana”, explicó Aguilar Rodríguez.
Entre 2019 y 2022, diversas organizaciones sociales y organismos internacionales de derechos humanos colaboraron en la elaboración de las bases de este programa. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2022 que se presentó el amparo correspondiente por no haber sido publicado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación.
Aguilar Rodríguez enfatizó la importancia de este litigio, ya que fue el Poder Judicial el que facilitó el avance en la publicación del programa, un paso crucial para la política pública en materia de tortura.
No obstante, también señaló deficiencias significativas en el programa.
“Aunque la publicación del programa nacional es un paso positivo, tiene aciertos, pero también presenta múltiples falencias”, señaló.
Un aspecto crítico es la falta de sanciones adecuadas para los ministerios públicos y policías ministeriales, quienes quedan fuera de las sanciones administrativas por incumplimiento en casos de tortura.
“En el programa se incluyó una estrategia para sancionar a jueces que no hayan protegido, investigado adecuadamente o denunciado la tortura, pero no se contempla la misma responsabilidad para los ministerios públicos, que son quienes suelen estar más involucrados en los casos de tortura durante las investigaciones”, puntualizó Aguilar Rodríguez.
Además, criticó la ausencia de indicadores en el programa para evaluar la efectividad de las medidas contra la tortura. Estos indicadores, trabajados previamente con la sociedad civil y organismos internacionales, no fueron incluidos en la versión final del programa.
“Es importante que estos indicadores sean incluidos eventualmente en el programa para poder evaluar su eficacia”, enfatizó.
Finalmente, Aguilar Rodríguez comentó sobre la reciente reforma judicial, mencionando que no aborda de manera integral el problema de las fiscalías en el país.
“Es necesario una reforma integral al sistema de justicia en México, pero deben ser reformas que protejan los derechos humanos. Lo que no vemos es una reforma a las fiscalías, que es donde se concentra la mayor impunidad, especialmente en las fiscalías locales”, concluyó.
Hizo un llamado a que las reformas no solo toquen aspectos procesales, sino que también aborden la necesidad de erradicar la tortura en las instituciones encargadas de la investigación de delitos, como las fiscalías y los cuerpos de policía.
