Morelia, Michoacán; a 08 de febrero de 2025.- En la Reforma al Poder Judicial en México, que establece la elección popular de jueces y la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la selección de candidatos, es crucial garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

Sin embargo, a lo largo de las elecciones a diferentes cargos públicos en el país se ha registrados casos de nepotismos, y en este próximo proceso lo es la excepción.

Armando Rodolfo Dorantes Ortega, hijo de la diputada federal Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, apareció en la lista de Postulación de Personas para integrar los Juzgados de Primera Instancia y Mejores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, siendo candidato a Juzgado Primero en Materia Civil del Dto. Judicial de La Piedad.

La participación de un hijo de una diputada federal como candidato a juez podría generar preocupaciones sobre posibles influencias indebidas y conflictos de interés.

La independencia del Poder Judicial es fundamental para una justicia imparcial, por lo que la relación directa entre un candidato y un miembro del Poder Legislativo podría comprometer esta independencia o, al menos, generar una percepción de parcialidad.

De igual forma, esta relación puede dar lugar a conflictos de interés, especialmente si el Poder Legislativo tiene influencia en el proceso de selección o nombramiento de jueces; así como la influencia a la ciudadanía por conexiones política.

Aunque no se encontró una prohibición explícita en la legislación actual, es pertinente considerar las normativas generales que buscan prevenir el nepotismo en el servicio público. Por ejemplo, en el documento «Prohibición de Nepotismo en el Servicio Público» se destaca la importancia de evitar nombramientos que puedan estar influenciados por relaciones familiares cercanas.

Aunque la legislación actual no prohíbe explícitamente la candidatura de un hijo de una diputada federal para el cargo de juez en Michoacán, se debe considerar los principios de independencia judicial, prevención de conflictos de interés y la percepción pública para mantener la integridad y confianza en el sistema judicial.