La posible invalidación de la Ley Orgánica Municipal en Michoacán amenaza el autogobierno indígena.

Morelia, Michoacán.- El Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas y el Colectivo Emancipaciones que da respaldo legal a comunidades con autogobierno en Michoacán, observan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidará la Ley Orgánica Municipal de Michoacán lo que podría dejar sin sin efectos los autogobiernos.

“Este 22 de abril, la Corte está a punto de resolver las Controversias Constitucionales 17/2022 y 83/2022. Estos juicios fueron interpuestos por el ayuntamiento de Zitácuaro en contra de varios artículos de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a autogobernarnos mediante la administración directa de presupuesto”, exponen en un pronunciamiento en contra de lo ministros de la SCJN.

En él, los quejosos argumentan que los ministros han hecho caso omiso de diveras solicitudes y apuntan que, “se niega a escucharnos por una simple, pero perversa razón: los ministros quieren proteger los privilegios de los políticos, que siempre han sometido y excluido a nuestras comunidades, pero quieren maquillarlo”.

“Entonces, buscan presentarse como defensores del derecho a la consulta indígena para invalidar una ley que nosotros mismos propusimos al Congreso de Michoacán para por fin garantizar el acceso al derecho de autogobierno indígena en Michoacán”, agregan.

Calificado como un atropello, pese a no tener sentencia, señalan que el argumento de la Corte es “maquiavélico, pues la Ley Orgánica ya fue invalidada

“La Corte invalidó la Ley Orgánica Municipal de Michoacán en un municipio porque el expediente no tenía evidencia de que la ley fue consultada. Obviamente, la Corte no tenía evidencia porque nunca se dignó escuchar a ninguna comunidad indígena.

Para que este mañoso argumento funcione, la Corte necesita excluir a los pueblos indígenas del juicio. En la Corte saben que la ley de autogobierno fue consultada y promovida por nuestras autoridades indígenas. De otorgarnos una audiencia esto quedaría claro y su artilugio al descubierto. Los ministros tendrían que aceptar que prefieren proteger a los políticos, o tendrían que asumir su labor como garantes de derechos humanos”, señalan.

En ese sentido mencionan que ya han tenido que presentar recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actualmente analizando el caso.

“Por ahora, es muy probable que los ministros de la Corte decidan pasar encima de nuestros derechos e intentar quitarles recursos a nuestras comunidades indígenas para dárselos a los gobiernos municipales. Pero no permitiremos que una Corte discriminadora tenga la última palabra”, sentencian.