Lima, Perú

La cancillería de Perú aclaró este sábado 29 de agosto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que el expresidente Pedro Castillo “no es un perseguido político”, al mismo tiempo que expresaó el “rechazo absoluto” a sus recientes declaraciones que violan los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú agregó que las palabras de Sheinbaum reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico.

Siguiendo la línea traza por el gobierno anterior, la mandataria mexicana publicó el viernes un mensaje en la red social X en el que expresó “en nombre de México”, su “más profunda solidaridad” con Castillo y su familia y señaló que “su situación es un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar la libertad de Pedro Castillo en defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, zanjó la gobernante mexicana tras reunirse con el abogado de Castillo, Guido Croxatto.

Recordó la Cancillería que el 7 de diciembre de 2022, Castillo cometió “el flagrante quiebre del orden constitucional” al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción.

“Los actos del exmandatario constituyeron un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas”, precisó el organismo.

“Presentar su caso como una persecución política constituye una afirmación falsa e inaceptable”, subrayó la cancillería.

En ese sentido, el Ministerio de Exteriores repudió esta “posición ideologizada” de la mandataria mexicana que contradice los principios básicos del derecho internacional.

Tras el fallido intento de golpe de Estado, Castillo, junto a su familia, abandonó el Palacio de Gobierno para dirigirse a la embajada de México en Lima, pero fue detenido por su propia escolta, mientras que su esposa e hijos obtuvieron el asilo de las autoridades mexicanas y residen en ese país.

El Congreso peruano destituyó a Castillo y, ese mismo día, asumió la presidencia del país su entonces vicepresidenta Dina Boluarte, que concluirá su periodo el próximo año.

El exmandatario está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, y está sometido a un juicio por el delito de rebelión por el cual enfrenta un pedido de cárcel de 34 años.