Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2025.- El crimen y  servidores públicos extorsionan a empresas y pequeños comerciantes con el pretexto de darles seguridad y cuidarlos de cualquier sanción, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 “Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes: Bajo la apariencia de protección imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos”, manifestó el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.

Según el sindicato patronal, en México también hay servidores públicos que exigen sobornos y extorsionan para evitar sanciones a las empresas y pequeños negocios.

El delito de extorsión frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas, comentó.

 “En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando. En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima”, expresó la organización patronal.

 “Uno de los principales obstáculos para combatir este delito de la extorsión es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales”, declaró Coparmex.

En algunos estados se clasifica como uso de confianza o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones,  además de  la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas, apuntó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI, el 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian.

 “El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas. En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50 por ciento  en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno, señaló la entidad empresarial.

Sólo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3 por ciento más respecto al mes anterior y 3.8 por ciento más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos, agregó el órgano patronal.

Recordó que la reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.

 “Cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas”, aseguró la Coparmex.

 “Nos oponemos a su inclusión en el catálogo de delitos graves porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos”.

Para resolver toda esa problemática, la Coparmex sugiere reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación.

Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.

El organismo empresarial hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno.

 “Hoy es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional”, detalló.

Se ha trabajado en una propuesta de Ley General desde la LXV Legislatura junto con especialistas, penalistas, constitucionalistas y la ANADE.

Se ha colaborado con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob),  la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial CEE.

 “Demandamos la creación urgente de una Ley General de Extorsión para coordinar autoridades, unificar modalidades y sanciones, y combatir eficazmente este delito, cuyo crecimiento descontrolado afecta gravemente a empresas y ciudadanos”, concluyó la Coparmex. (CON INFORMACIÓN DE: FORBES)