La “Ley 3 de 3”, iniciativa ciudadana que exige a todo servidor público, aquel que maneje recursos públicos u ocupe un cargo de elección popular, haga presentes y públicas sus declaraciones, no cumple con tales exigencias.

Morelia, Michoacán; a 12 de febrero de 2025.- La mentira ha sido siempre un recurso que han utilizado a su favor la gran mayoría de los políticos de nuestro país para desviar recursos públicos, hacerse ricos en pocos años o utilizar los cargos del poder para maquillar toda la corrupción que sea posible fingiendo además que están en su contra.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la “Ley 3 de 3”, promulgada en julio de 2016, constituyó un triunfo ciudadano para iniciar el combate a la corrupción, ya que en la misma se incorporaron instrumentos innovadores de prevención y control de la corrupción y de la rendición de cuentas: haciendo referencia a la declaración patrimonial, de intereses y la fiscal.

Sin embargo, hoy en día, esta iniciativa ciudadana que exige a todo servidor público, aquel que maneje recursos públicos u ocupe un cargo de elección popular, haga presentes y públicas sus declaraciones, no cumple con tales exigencias.

“La que se llamó originalmente ley 3 de 3, la presentación de las tres declaraciones de los servidores públicos, patrimonial, de intereses y fiscal, para comprobar los ingresos y los bienes que tuvieran las personas dedicadas al servicio público, en un espectro mucho más amplio que la simple declaración patrimonial, eso fue lo que se convirtió después en ley, que sigue siendo obligatorio, pero que ha perdido un gran impulso en términos públicos respecto de la vigilancia de la sociedad”, explicó Antonio Plaza Urbina, exdirigente de Michoacán Primero.

La desaparición de órganos autónomos hace aún más difícil el acceso a esta información, representando una amenaza directa a los derechos ciudadanos y a la transparencia en la gestión de recursos públicos. Sin instituciones independientes que emitan resoluciones técnicas y transparentes, la ciudadanía corre el riesgo de enfrentar retrocesos en el ejercicio de un derecho como es el acceso a la información pública.

“La desaparición de los órganos autónomos, desde mi punto de vista, que generaban transparencias no es otra cosa que preparar el terreno para el libertinaje del gobierno en turno y no rendirle cuentas a la población de los recursos públicos que maneja y hacerlo a su libre antojo”, expresó Javier Estrada, exdiputado local y ex secretario general del PAN

A decir del analista político, Alberto Guerrero Baena, obra pública, seguridad y salud, son los principales rubros donde hay mayor manejo descontrolado de recursos.

“Es lamentable que en un país donde se supone que todo gasto público que es todo el dinero que los ciudadanos apoyamos para el funcionamiento del país no cuente con los elementos suficientes para que el ciudadano sepa hacia dónde van dirigidos sus gatos, quienes son sus políticos, quienes son sus funcionarios, quienes de entrada tienen el control de la administración pública federal y sobre todo si son personajes probos, porque un tema fundamental es que para temas políticos hay que hablar con la congruencia en las manos o la mayoría no cuentan con la autoridad moral para ello”, dijo Alberto Guerrero Baena, analista político.

Las plataformas digitales del gobierno del estado, como las secretarías de Turismo, Obra Pública, Culturas, Seguridad Pública, Finanzas, Educación, e incluso Gobierno de Michoacán, entre otras, a pesar de contar con una sección de “Transparencia”, la información que se muestra es poco práctica de entender para la ciudadanía.

“En materia de transparencia, el Gobierno de Michoacán está de plano reprobado, no hay información …