Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se enfrenta a crecientes críticas debido a la falta de justificación técnica y económica de sus ambiciosos proyectos de teleférico y Metrobús, expresó la Comisión Reguladora del Transporte (CRT).

Estos proyectos, que forman parte de su estrategia para mejorar la movilidad en el estado, aún no logran convencer a expertos ni a instituciones financieras como BANOBRAS, que requieren una demostración clara de rentabilidad antes de comprometer fondos públicos, recalcó la organización transportista.

Uno de los principales obstáculos para la viabilidad de estos proyectos es la ausencia de un sistema de transporte integral que los respalde. Para que el teleférico y el Metrobús puedan integrarse de manera eficiente al sistema de movilidad, sería necesario un modelo empresarial que unifique a todos los operadores del transporte público en el estado. Esto implicaría inversiones sustanciales en infraestructura, planificación a corto, mediano y largo plazo, y un enfoque que garantice la rentabilidad del sistema.

Según estudios previos del propio gobierno, los costos de operación de los proyectos son elevados. En Uruapan, por ejemplo, la tarifa podría llegar hasta los 30 pesos por viaje, sin contar los costos adicionales por transbordos entre diferentes operadores. En Morelia, el sistema necesitaría operar a su máxima capacidad para ser sostenible, lo que implicaría una inversión inicial considerable y un subsidio mensual superior a los 27 millones de pesos si no se alcanzan estos niveles de operación.

A pesar de estos desafíos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, encabezada por la arquitecta Gladis Butanda Macías, ha lanzado una campaña en los medios de comunicación para promover los beneficios de estos proyectos. No obstante, las cifras presentadas por el gobierno han sido calificadas de optimistas, ya que no coinciden con la capacidad operativa de los medios de transporte ni con la demanda real que deberían cubrir. Además, carecen de un respaldo técnico y científico adecuado que respalde sus afirmaciones.

En un intento por ganar el apoyo de los transportistas, el gobierno ha dividido al sector, ofreciéndoles beneficios personales y sugiriendo que formarán parte del negocio. Sin embargo, se ha revelado que el esquema propuesto contempla la creación de un sistema de prepago que asegure la operación a máxima capacidad, lo que en la práctica podría subordinar a los transportistas a las grandes empresas encargadas de operar los nuevos medios de transporte.

El gobierno también ha planteado un aumento en la tarifa del transporte público de 10 a 14 pesos, aunque para evitar el costo político de esta decisión, se ha filtrado a los medios que dicho incremento es una demanda de los propios transportistas. Esta estrategia forma parte de una campaña en la que se presenta a los proyectos del teleférico y el Metrobús como una solución definitiva para la movilidad, mientras se acusa a los transportistas opositores de no colaborar con las nuevas condiciones.

La clave para la creación de un sistema de transporte eficiente y sostenible radica en una colaboración genuina entre el gobierno y los transportistas. En lugar de imponer proyectos sin una planificación integral, el gobierno debería centrarse en fortalecer el modelo empresarial del sector, mejorar la infraestructura existente y facilitar la transición hacia un sistema de transporte más profesional y organizado. Solo de esta manera se podrá garantizar la rentabilidad del sistema y evitar la dependencia de subsidios estatales.

Además, se requiere un enfoque que considere no solo la infraestructura para el automóvil, sino también la integración del transporte público y la movilidad sustentable en los planes de ordenamiento urbano. Así, Michoacán podría contar con un sistema de transporte público eficiente y rentable, que garantice una mejor calidad de vida para los habitantes y una movilidad más sostenible.

Lecciones del pasado, como el fracaso de la estatificación del transporte en 1981 en Michoacán, y el éxito del modelo colaborativo en León, deberían servir como referencia para el gobierno en su búsqueda de una solución efectiva y viable para los problemas de movilidad en el estado.