Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Hay un cuartel por el que pagaron 980 millones de pesos pero que de acuerdo con avalúos, no tiene un valor superior a los 180 millones, es decir, se pagó 5 veces su costo, dijo este lunes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al hablar sobre el caso de Silvano Aureoles Conejo.

El gobernador dijo que este caso le llamó mucho la atención por el monto, “al ser miles de millones de pesos por unos carteles, no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ellos, de ninguna manera”.

“No fueron dos veces su costo, sino cinco veces el costo además de las irregularidades porque fueron adjudicaciones directas en base a una supuesta patente de construcción, lo cual detectamos que no existe tal patente, por lo tanto, el argumento por lo que se hizo la adjudicación directa es falso”, dijo el gobernador.

CUARTELES DE LA CORRUPCIÓN

Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas por instrucciones del gobernador Silvano Aureoles Conejo compraron a sobreprecio siete cuarteles de la Policía, abundó la contralora del estado Azucena Marín Correa .

En conferencia de prensa junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que “esos cuarteles habían sido arrendados, modificados y se le pagaba mantenimiento, los cuales erogaron 5 mil millones de pesos de losa cuales se erogó una cantidad de 3 mil 468 millones, es decir, estos últimos era de improcedencia irregular.

Azucena Marín dijo que las contrataciones se realizaron por adjudicación directa con inmobiliaria DyF en los años de 2016 y 2017, además de identificarse otras irregularidades como proyectos ejecutivos inexistentes; también que la empresa no comprobó la propiedad de los terrenos y que los convenios modificatorios de mantenimiento no tienen evidencia de a ver dado servicio.

“El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir la administración se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa, además justo en esas fechas de trataron de protocolizar las compraventas en una notaría en la Ciudad de México”, dijo ante medios de comunicación.

En noviembre de 2021, la Secretaría de Contraloría inició una auditoría a los cuarteles, en la que se observó espacios lujosos y blindados en los complejos de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Huetamo, Uruapan, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.

Lo anterior contrasta con la precariedad y mala calidad de instalaciones destinadas al personal operativo, reclamó la secretaría Marín Correa.

“Por eso el 16 de febrero de 2022 se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la FGR, a la par iniciamos mesas de trabajo de investigación con la UIF y las fiscalías especializadas”.

En junio de 2023, se acumularon las carpetas que se investigaban por separado en las fiscalías especializadas y en ese año también se presentó un escrito de denuncia por parte de la ASF por daño de 1 mil millones 22 mil pesos.

Para 2024, detalló Azucena, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), envió vista de los resultados de la investigación de la FGR.

PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN

Ya en 2024 un total de 31 servidores públicos se presentaron a declarar como testigos en la Ciudad de México, todos pertenecientes a la SECOEM y SSP.

En febrero de ese año se aseguraron de manera precautoria.

Fue un año después, en febrero de 2025 que la FGR judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y Asociación delictuosa como resultado de ello la jueza federal giro órdenes de aprehensión contra varios servidores públicos identificados como presuntos implicados en este caso de corrupción y se logró la captura de ellos el pasado fin de semana:

Carlos “N”, exsecretario de Finanzas
J. Antonio “N”, exsecretario de Seguridad
Elizabeth “N”, exdelegada administrativa de la SSP.
Mario “N”, exdelegado administrativo de la SSP.