Morelia, Michoacán

A menos de dos semanas de haberse instalado la Legislatura número 76 del Congreso de Michoacán, la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís, presentó la primer iniciativa para despenalizar el aborto.

En otras legislaturas se han presentado iniciativas en ese sentido, por parte de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y también de Morena, pero no han llegado siquiera a obtener un dictamen en comisiones.

Esta vez promete ser diferente, pues el propio gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este tema como parte del conjunto de reformas de ley que conforman el Plan Morelos, las bancadas de Morena y afines se han pronunciado por adelantado a favor de todo lo que contenga este paquete de reformas y poseen mayoría, tanto calificada como simple, que es la que se requiere.

La iniciativa de Fabiola Alanís llegó antes que la del gobernador y según declaró en entrevista, pudiera ser que ya con ello el Ejecutivo no presente la propia:

“No sé si después de esto va el gobernador a presenar una. Él sabe que es mi tema, es mi pasión es mi causa, las mujeres tenemos causas propias, ni modo que me diga que no”, expresó.

¿De qué se trata?

A diferencia de otras iniciativas, que proponen cambios tanto en el Código Penal como en la normativa de salud, la que presentó Fabiola Alanís se limita a reformar el Código Penal para eliminar varios artículos y derogar este delito, pero no del todo.

“A diferencia de otros estados, estoy planteando que se derogue el concepto de aborto y al no existir una acción punitiva por el concepto de aborto, los demás se modifican automáticamente”, señaló la diputada.

Deroga, pero no

La iniciativa, sin embargo, elimina el artículo 141, que es el que define el concepto de aborto, pero mantiene los artículos 143 y 144, que establecen sanciones para distintos tipos de interrupción del embarazo, como cuando es provocado por otra persona sin consentimiento de la persona gestante y también cuando es consentido, pero después de las 12 semanas de gestación.

Incrementa sanciones

Si bien se busca derogar el artículo 145, que se refiere al “aborto voluntario”, la iniciativa propone mantener el artículo 142, sobre “aborto con consentimiento”. De manera que se mantiene una sanción para las personas gestantes que interrumpan su propio embarazo, la cual se incrementa, pues actualmente se dan de seis meses a un año de trabajo en favor de la comunidad, pero la iniciativa propone además someter a la persona que aborte a “un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica”.

“Al decir que se derogue el concepto de aborto, estamos llegando a algo que es muy razonable, entonces el aborto tiene que ver no con un acto punitivo sino con salud pública y el Estado tiene que garantizar aborto seguro, tratamiento post aborto, porque algunas personas suponen que una mujer aborta y se va a su casa y no, eso representa un aco traumatizante para ella que afecta psicológicamente”, justificó la extitular de Conavim.

Lo que cambia es que en este caso las sanciones serían sólo si el aborto se da después de las 12 semanas de gestación, y actualmente se establecen en cualquier momento de la gestación.

Se incrementan las penas también para las personas que provoquen la interrupción del embarazo sin consentimiento de la persona gestante, pues actualmente se dan de tres a ocho años de prisión, pero con la reforma de Morena, serían de 10 a 20, y si hay violencia física o psicológica de por medio, pasarían de ser de seis a nueve años a de 20 a 40, que se incrementan aun más si existen lesiones físicas por causa del aborto.

Quita excluyentes

Actualmente, la ley contempla siete posibles situaciones en las que se puede practicar un aborto, siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación: violación, procreación asistida sin consentimiento, inseminación artificial sin consentimiento, precaria situación económica, malformaciones en el producto, cuando corre riesgo la vida de la persona gestante o cuando el aborto es producto de una conducta imprudente (un accidente).

En la propuesta de reforma, se eliminan todas estas causales y se establece: “No será punible el aborto cuando el embarazo sea producto de violación o se realice por razones médicas”; eliminando así la temporalidad máxima pero también la especificación de las “razones médicas” que se pudieran presentar.

Los foros serán después

En otras legislaturas, como la 73, la 74 y la 75, se ha planteado llevar a cabo foros para conocer las posturas a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo. En esta ocasión, advierte Fabiola Alanís, no será así, pues si bien hay apertura por escuchar todas las voces, los derechos no son negociables, “y menos en un estado laico”, además de que “ya estamos sobrediagnosticadas”.

Si bien a dos semanas de instalada la LXXVI Legislatura, todavía no hay comisiones, la coordinadora parlamentaria de Morena asegura que su iniciativa se estará dictaminando y votando a la brevedad, antes incluso de que se comience a discutir el presupuesto estatal del 2025. Es decir, antes de diciembre.

“Estaba preocupada porque los estados seguían avanzando y nosotros no habíamos podido aprobar la despenalización del aborto y quitar esta criminalizaicón a las mujeres por el hecho de serlo”, expuso y detalló que en 14 congresos locales ya se legisló en la materia.

¿Qué pasa con los diputados “antiderechos”?

Hay legisladores locales que se han pronunciado públicamente a favor de la despenalización del aborto, como Juan Pablo Celis (Morena), Juan Carlos Barragán (Morena), Sandra Arreola (PVEM), Víctor Manríquez (MC), Octavio Ocampo (PRD), Brissa Arroyo (PRD), pero hay quienes no han externado una postura y también quienes se han dicho abiertamente en contra, como el grupo parlamentario del PAN y el petista Baltazar Gaona, que realizaron un foro provida el mismo día que se entregó la iniciativa de Fabiola Alanís.

“Seguramente algunos votarán en contra o se abstendrán, pero eso no obsta para que avancemos, porque hay un riesgo de amparo porque hay un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Coahuila, es un mandato”, externó la legisladora.

Aseguró que todos los diputados de Morena le han dicho que están de acuerdo, así como legisladores de otras bancadas.