Pese a que los datos no son exhaustivos y atienden sólo al 34.5 por ciento de los municipios que respondieron a los requerimientos de la Comisión, el documento permite un boceto de la situación que priva en dichos centros de detención
Morelia, Michoacán.- Los centros de detención preventiva en los municipios del estado registran precarias condiciones para desarrollar sus funciones, lo que ha derivado en casos de agresiones y muertes entre las personas que son detenidas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó este miércoles un informe especial sobre los centros de detención preventiva municipal, consistente en una cuartilla de datos, otra más con conclusiones y recomendaciones, y una más con un mensaje del presidente del organismo, Marco Antonio Tinoco Álvarez.
Pese a que los datos no son exhaustivos y atienden sólo al 34.5 por ciento de los municipios que respondieron a los requerimientos de la Comisión, el documento permite un boceto de la situación que priva en dichos centros de detención.
Fundamentalmente los datos generados por la CEDH en su informe son dos: porcentaje de municipios que atendieron o no a sus requerimientos, y el tipo de reclutamiento del personal en los centros de los que la Comisión fue informada. Este último rubro que es el de mayor relevancia señala que el reclutamiento en el 47.3 por ciento es aceptable, en el 19 por ciento muy riguroso, en el 14.3 por ciento riguroso, en el 4.8 por ciento inadecuado, y en el 14.3 por ciento muy inadecuado.
Hay otros dos datos que consigna sin mayor desglose la Comisión en su informe, uno es que en el periodo de 2017 a 2022, se reportaron 690 lesionados en los Centros, y que se informó al organismo que fue el estado en que llegaron los detenidos, aunque no proporciona más detalles al respecto. Lo mismo ocurre con el caso de 13 muertes que consigna se registraron en el mismo lapso de tiempo.
Para concretar esos datos, el organismo reporta que también se realizó una visita de supervisión a 23 centros de detención preventiva municipal (Barandillas).
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Las conclusiones a las que arriba el organismo son tres: sólo Zitácuaro cuenta con un reglamento de su Centro; sólo San Lucas manifestó no tener un Centro de detención, sin explicar por qué; y que los rubros de infraestructura, capacitación de personal y trato a las personas no se encuentran apegados a los parámetros nacionales e internacionales.
