Documentos oficiales con irregularidades son ofrecidos en el mercado negro para facilitar trámites migratorios

Autoridades en Chiapas investigan un esquema ilegal de venta de actas de nacimiento mexicanas a migrantes extranjeros, principalmente en municipios cercanos a la frontera sur con Guatemala, lo que ha encendido las alertas sobre posibles actos de corrupción y fraudes documentales.  

De acuerdo con investigaciones y reportes periodísticos, estos documentos, que incluyen actas de nacimiento y, en algunos casos, actas de matrimonio, aparecen registrados en el sistema oficial del Registro Civil, cuentan con CURP certificada y folio legítimo, y se venden en el mercado negro por montos que oscilan entre 1 500 y 2 500 dólares, aunque en ciertos casos pueden superar esa cifra.  

Según activistas y autoridades consultadas, cubanos y haitianos figuran entre los extranjeros que más recurren a este tipo de documentos, que les permitirían tramitar pasaportes mexicanos en consulados dentro y fuera de México, con el potencial de regularizar su estatus migratorio o evitar deportaciones a sus países de origen.  

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La red operaba a través de la expedición de registros directamente en las plataformas del Registro Civil, desde donde se generaban actas que, aunque parecieran oficiales, presentaban irregularidades técnicas, como la ausencia de anotaciones marginales o datos inconsistentes de lugar o fecha de nacimiento, detectados por autoridades consulares.  

El caso salió a la luz luego de que migrantes presentaron actas mexicanas ante el Consulado de México en Houston para tramitar pasaportes, lo que desató revisiones que revelaron las anomalías.  

Además, se han iniciado investigaciones formales contra funcionarios del Registro Civil de municipios como Tzimol, quienes están vinculados a la expedición de estas actas, y se han desmantelado puntos de operación, como un cibercafé en Tapachula donde se ofrecían estos documentos y supuestos servicios migratorios.  

Las autoridades han señalado que la expedición de documentos oficiales a personas que no cumplen con los requisitos legales constituye un delito, y continúan las indagatorias para desarticular estas redes y sancionar a los responsables.  

Fuente: El Universal