El expresidente de Filipinas, fue detenido bajo una orden de la Corte Penal Internacional

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes por la Policía del país asiático después de que la Corte Penal Internacional (CPI) lanzará una orden de detención, con la acusación de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas.

Duterte fue detenido a sus 79 años, en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila tras haber llegado a Hong Kong, donde estaba por motivos de haber participado el fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto.

Incluso cuando este se encontraba en Hong Kong ya sospechaba que se acercaba su detención, ya que este ya había señalado que “la noticia es que hay una orden de detención”. “Si este es mi destino, está bien, lo aceptaré”, esto había declarado Duterte en noviembre tras retar a la CPI a acelerar las pesquisas.

La detención sucedió después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden en la que lo acusa de crímenes contra la humanidad, ya que durante su mandato entre 2016 y 2022, Duterte implementó una agresiva campaña antidrogas que, según datos oficiales, resultó en la muerte de aproximadamente 6.200 personas en operativos policiales.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos estiman que el número real de víctimas podría superar las 30.000, incluyendo numerosas ejecuciones extrajudiciales.

Tras su arresto, Duterte fue trasladado a la base aérea de Villamor en Manila. En un video compartido por su hija, Verónica Duterte, el exmandatario cuestionó la legalidad de su detención, afirmando: “¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?”. Su hija calificó la detención de ilegal, argumentando que se realizó sin una orden judicial local.

La vicepresidenta y hija del detenido, Sara Duterte, criticó la acción como una violación de la soberanía nacional y de los derechos de su padre, señalando que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019, lo que, según ella, invalida la jurisdicción de la CPI sobre el país.

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Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han acogido con satisfacción la detención, considerándola un paso crucial hacia la justicia. La asociación Rise Up declaró que esta acción “es prueba de la validez de nuestra demanda de justicia, para pedir cuentas a Duterte y a sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas”.

La CPI inició su investigación en 2018 tras denuncias de ONG y familiares de víctimas. En respuesta, Duterte retiró unilateralmente a Filipinas del tribunal en 2019. No obstante, la CPI sostiene que mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era miembro.

Se espera que Duterte sea trasladado a La Haya para enfrentar los cargos en su contra, aunque sus abogados están impugnando la legalidad de su arresto y extradición, citando la ausencia de un tratado de extradición con la CPI.

Fuente: EL UNIVERSAL