Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2025.- Ante lo que señaló como “la urgente necesidad de contar con condiciones de seguridad y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado presentó ante el pleno de la LXXVI Legislatura, la iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado de Michoacán, el Artículo 122.

Esta plantea penas más severas para quien o quienes, dolosamente, priven de la vida a una persona por razones de su labor en la defensa de Derechos Humanos y el Periodismo.

La diputada integrante de la bancada del Partido del Trabajo, refirió que, hasta junio de 2022, Michoacán ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al número de periodistas y defensores de derechos humanos bajo el Mecanismo de Protección, con 111 personas beneficiarias.

Explicó que “en cuanto a homicidios, hasta febrero del mismo año, Michoacán registraba cinco periodistas asesinados, ubicándose en la cuarta posición nacional en este lamentable indicador”.

 “Estos datos reflejan la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en Michoacán, lo que da cuenta de la necesidad urgente de fortalecer las medidas de protección y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de estas labores fundamentales para la sociedad”, mencionó.

Espinoza Mercado insistió en la obligación de las autoridades de todos los niveles, para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, así como crear la legislación adecuada, que garantice su labor en un ambiente de seguridad.

 “Es imperativo que se fortalezcan los marcos normativos en Michoacán para incrementar las penas a quienes atenten contra la vida de periodistas y defensores de derechos humanos, con el fin de garantizar su seguridad y el libre ejercicio de su labor. La presente iniciativa busca atender esta problemática de manera estructural y efectiva, asegurando que se cumplan las responsabilidades estatales en materia de derechos humanos y libertad de expresión”, agregó.

La iniciativa, que reconoce la vulnerabilidad de ambos grupos sociales, fue enviada a la Comisión de Justicia para su análisis, estudio y dictamen.