Morelia, Michoacán, 08 de octubre de 2024.- Hace algunos días se anunció por parte de las autoridades estatales la intención de construir dos nuevos distribuidores viales, uno en las inmediaciones del Mercado de Abastos y otro en la salida a Pátzcuaro, ambas obras pretenden resolver problemas de congestionamiento vial permanente que se ha complicado desde hace varios años. Señalo pretenden, porque de una buena idea a su ejecución, y más tratándose de obra pública, las cosas suelen variar mucho, por lo que hace obligada la reflexión en algunos aspectos concretos:

El primero de ellos es la recurrente falta de planeación, que evita que se haga una reserva del suelo en superficie suficiente como el que demanda la construcción de un distribuidor vial, y que sin lugar a duda es significativa. La Constitución Política en el Artículo 27, Fracción tercera señala que la autoridad está facultada para “imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”, de aquí que se puedan establecer restricciones de construcción en algunos predios, como sería el caso de futuras ampliaciones viales.

Un segundo escenario previsto en la normatividad, de acuerdo con la Ley de Expropiación, se consideran causas de utilidad pública: “La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano”. Claro está que, para protección de los particulares, se indica con toda claridad que “El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial”.

Lo anterior trae una fuerte condicionante para la realización de obras como los distribuidores viales, como se trata de zona consolidadas y de alta plusvalía, el valor del suelo es alto y en ocasiones el pago por concepto de expropiaciones supera el costo de la obra de construcción a realizar. De forma tal que, es común que las autoridades eviten realizar expropiaciones y realicen obras “ajustadas” al espacio disponible.

Hay infinidad, de ahí que se tengan distribuidores viales inconclusos, donde sólo se realizaron algunos carriles de incorporación en donde fue posible, o se eliminaron las obras imprescindibles para garantizar su integración al resto de la estructura vial, lo que ocasiona que no se resuelvan del todo los problemas viales, sino que simplemente se trasladen a otros sitios cercanos.

Para muestra de lo anterior, está la aún ausente integración vial del llamado ramal camelinas a la Av. Camelinas, y que hace necesario que todo el flujo vehicular de norte a sur tenga que dar vuelta en “U” al terminar esta autopista urbana. Otro caso es el distribuidor vial en la salida a Mil Cumbres, ahora llamado “Tres Marías”, el carril de incorporación al libramiento en sentido norte-sur, concluya en un camellón y obligue a un alto total de los vehículos ante la falta de continuidad vial.

Los casos son innumerables, pero lo que subyace como causa de origen es la FALTA DE CALIDAD EN EL DISEÑO URBANO de este tipo de obras viales, debido, principalmente, a que se trata de decisiones basadas en montos de inversión y grandes intereses de quienes ejecutarán la obra; pero que al final de cuentas no hay espacio (ni presupuesto) para el pago del proyecto de diseño y todo se pretende resolver sobre la marcha y con el cumplimiento de especificaciones técnicas generales que poco o nada tienen que ver con la integración al funcionamiento de la estructura vial existente en la ciudad.

Por lo anterior, cuando se anuncia una obra, la mayoría de las personas lo aplaude y está de acuerdo, pero cuando su ejecución lleva más tiempo del programado y resulta ineficiente porque ahora se generan otro tipo de problemas, comienzan los reclamos, “injustos” para la autoridad, quien siempre argumentará que estaba peor.

Aún falta mucho, para que las autoridades comprendan que para los ciudadanos que utilizan dichas obras, entiéndase un distribuidor vial, una nueva calle, un parque o hasta un simple camellón, la calidad del diseño resulta fundamental y marca radical diferencia entre un espacio seguro o confortable y un vacío urbano que termina siendo “tierra de nadie”.

El Derecho a la Ciudad: Mitigación, adaptación y resiliencia