Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2025.- La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buscará un acuerdo con gasolineros para que el precio de la gasolina regular no supere los $24 pesos por litro. Sin embargo, esto no es tan simple, de concretarse este acuerdo podría tener significativas implicaciones, y para dimensionar las consecuencias para las ciudades es necesario tener en cuenta, al menos, cuatro distintos escenarios:
PEMEX, dueño de todo
La Constitución General de la República en su artículo 27 señala que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la Nación y nadie puede apropiarse de ellos bajo ninguna figura o título legal. El Estado tiene la exclusividad comercial de todos los hidrocarburos que ya no estén en el subsuelo y los productos de su refinación, así como su transportación, por sí o mediante contratos-concesiones.
En consecuencia, la limitación derivada del artículo 28 constitucional impedía literalmente, que los particulares llevaran a cabo cualquier actividad industrial o comercial relacionada con los hidrocarburos en México. Así, Petróleos Mexicanos (PEMEX) como organismo público descentralizado concentró al menos tres funciones: Explotar los recursos nacionales en materia de petróleo y gas; industrializar esos recursos, básicamente mediante la refinación del petróleo y, regular la participación del sector privado como proveedor de bienes y servicios, como subcontratista de determinadas obras, o bien, como concesionario para realizar labores a su nombre a lo largo del territorio nacional.
Bajo este esquema, los consumibles fueron vistos sólo como un producto de abasto indispensable, merecedor de subsidios y, en consecuencia, las gasolineras no tenían un diseño de rentabilidad propia o siquiera de negocio, pues sus márgenes de ganancia se garantizaban a través de la exclusividad, la no competencia y los precios oficiales.
Concesiones de gasolineras
A partir de reformas constitucionales que hicieron posible que, si bien los hidrocarburos del subsuelo seguirían siendo de la Nación, ahora la Nación puede explotarlos de forma directa o bien mediante alianzas con el sector privado, compartiendo el riesgo y la renta de la exploración y extracción de los recursos naturales del territorio nacional, en materia de petróleo y gas. No hay exclusividad comercial de la Nación, y los hidrocarburos que ya no estén en el subsuelo pueden ser transportados, transformados, almacenados y comercializados por cualquier persona.
En consecuencia, a quienes invertían en una estación de servicio o gasolinería, se les garantizaba que no se autorizaría la instalación de otra concesión en un radio preestablecido, lo que de una u otra forma garantizaba un mercado cautivo de consumidores.
Apertura comercial y competitividad
Con la apertura comercial derivada de los tratados de libre comercio, se consideró que el diseño de las instalaciones, su establecimiento y operación deberían de responder a los esquemas de mercado (oferta-demanda), y cada empresa gasolinera debía procurar su propia rentabilidad financiera, dado que ya no existiría una red de distribución exclusividad de PEMEX con márgenes garantizados.
Lo anterior se tradujo en la eliminación del “radio de exclusividad”, para que se pudieran instalar más estaciones de servicio, bajo esquemas de libre competencia, en donde, además de poder comercializar distintas marcas de gasolina y por lo tanto a distintos precios, se comercializaron franquicias catalogadas según los servicios que se ofrecieran, como: el número de bombas expendedoras, tienda de convivencia, lavado de autos, restaurante, hasta servicio de regaderas, etc., estableciendo así una categoría basada en el número de estrellas.
Los retos
El pretendido acuerdo ignora las condiciones geográficas del país, pues la transportación del combustible no es igual en todo el territorio nacional. Prueba de esto es que en la actualidad la gasolina más cara se vende en Quintana Roo ($25.64), y las únicas entidades donde se vende la gasolina por debajo de los $24 pesos son: Puebla, Querétaro, Tabasco, Baja California, Tlaxcala, Chihuahua y Tamaulipas.
De la misma forma en que, durante el sexenio pasado, fue imposible cumplir con el ofrecimiento de bajar el precio de las gasolinas “a $10 pesos por litro”, ahora se observan dificultades para que disminuya el impuesto sobre la gasolina, toda vez que en la Ley de Ingresos 2024 se estimó recaudar 456 mil 389 millones por concepto de IEPS a gasolinas y se obtuvieron 52 mil 806 millones menos de lo previsto.
Así las cosas, las compañías privadas en el negocio de la venta de gasolina podrán optar por abandonar el negocio, dejar de vender gasolinas que mejoran con aditivos, lo que incentivará el huachicoleo o bien aguantar y disminuir su margen de ganancia significativamente.
