Morelia, Michoacán

En el centro de Morelia, el eco de los gritos por la legalización del aborto resuena con fuerza. Es 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, y la Colectiva Red ASALEAS, y otras conectivas salieron a las calles, exigiendo que el Estado mexicano legisle y se legalice el aborto.

En el marco de la manifestación, celebrada en el primer cuadro de la capital michoacana, se informó que, desde el 2016, la Red ASALEAS —Amigas Sororarias que Acompañamos la Libertad de Elegir un Aborto Seguro— ha estado brindando acompañamiento a mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos. Durante los últimos cinco años, han asistido a 3 mil 686 personas en Michoacán que optaron por un aborto seguro, a pesar de la penalización vigente en el estado.

“Es indignante que estas 3 mil 686 personas no hayan contado con la protección del Estado, que en lugar de garantizar su derecho a decidir, las ha obligado a buscar alternativas en la clandestinidad o fuera de Michoacán”, denuncia una de las integrantes de la colectiva, durante el mitin. Entre pancartas y consignas, las cifras se vuelven palpables: en 2023 y lo que va de 2024, ASALEAS ha acompañado a 876 personas; en 2021, fueron 579. Son números que revelan una necesidad que la ley no atiende.

El testimonio de la colectiva deja en claro que la lucha por el aborto no es solo un tema de derechos reproductivos, sino de justicia social. Las mujeres que deciden abortar en Michoacán lo hacen bajo condiciones de desigualdad y discriminación. Según los registros, 590 personas han viajado a la Ciudad de México para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y otras 411 han recurrido al apoyo del Fondo MARIA, una organización que también acompaña este proceso. Pero ¿qué ocurre con quienes no pueden viajar ni acceder a estas redes? La respuesta es preocupante: muchas se ven forzadas a tomar decisiones arriesgadas que ponen en juego su vida y su bienestar.

“El cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo”, corean las manifestantes, recordando que la autonomía sobre el propio cuerpo es un territorio que aún no ha sido conquistado. Para el sistema, explican, las mujeres son vistas como fuentes de mano de obra reproductiva, una tarea no remunerada que históricamente se les ha asignado sin opción de escape.

El momento cumbre llega cuando la colectiva recuerda cómo este día, el 28 de septiembre, fue declarado en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina como el Día por el Derecho al Aborto. Desde entonces, la lucha ha sido incansable en todos los países de la región, donde las mujeres siguen enfrentando la penalización y criminalización por decidir sobre sus cuerpos.

Pero aquí, en Michoacán, la situación parece inmóvil. Mientras el resto del mundo avanza en la despenalización del aborto, las autoridades locales mantienen su postura rígida, principalmente desde el Congreso del Estado.

Al finalizar la manifestación, el mensaje es claro: el tiempo de esperar se ha acabado. Las miles de mujeres que han abortado en la clandestinidad son un testimonio del abandono institucional, pero también de la fortaleza de una red de apoyo que no está dispuesta a detenerse.