Expertos alertan sobre los riesgos de la militarización de la Guardia Nacional en la seguridad pública.

Ciudad de México.- En el programa ‘Aristegui en Vivo’, Daira Arana, investigadora del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UCSD, comentó que subordinar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no atenderá adecuadamente las necesidades de seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO CDMX, mencionó la necesidad de elevar los estándares de control sobre las fuerzas armadas.

Daira Arana destacó que, según los informes presentados en las conferencias matutinas del presidente, la estrategia de militarizar la GN:

“No es funcional; no reduce significativamente los homicidios ni los delitos que viven diariamente las personas.”

Señaló que los crímenes como la violencia familiar, altamente reportados en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no han visto mejoras significativas.

“Eso no se reduce ni se ha reducido con la intervención de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional en la dimensión en la que interactúa”, explicó Arana.

Además, criticó la orientación militar de la reforma, sugiriendo que la GN adoptará “una dimensión bélica” en sus operaciones de seguridad pública, lo que podría incrementar el uso de armas de fuego contra civiles, poniendo en riesgo su vida y su integridad personal.

Arana también mencionó estudios sobre la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad, analizados por Sergio Padilla y Carlos Silva Forné, que muestran:

“Una intervención con características militarizadas aumenta la probabilidad de tortura y, sobre todo, tortura sexual hacia las personas.”

Por otro lado, Ernesto López Portillo subrayó las dificultades para que la ciudadanía participe efectivamente en debates de seguridad que involucran a las Fuerzas Armadas. Criticó la falta de transparencia y la resistencia del gobierno a mejorar el control sobre las fuerzas armadas, lo que considera un déficit que amenaza el Estado de Derecho y la democracia en México.

López Portillo también resaltó la discrepancia entre el despliegue de la Guardia Nacional y las zonas con altas tasas de homicidio, y cuestionó la eficacia de un mayor acceso a armas en la seguridad pública, argumentando:

“La evidencia demuestra que abrir la válvula del acceso a armas sin asegurar la presencia del Estado solo conduce a más violencia.”

Finalmente, hizo un llamado a los políticos para que reconsideren la estrategia de seguridad basada en la militarización, tras 17 años de un intenso despliegue militar que ha demostrado ser ineficaz y perjudicial para los derechos de los ciudadanos.