Desde hace un mes que salieron las polémicas órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador Silvano Aureoles, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha presentado avances en los trabajos de investigación acerca del paradero del hoy acusado por corrupción y desvíos millonarios de Aureoles Conejo.

Los michoacanos saben que no es algo raro ya que los compromisos de la fiscalía con el ex gobernador, Aureoles Conejo, son muchos, tal es el caso que hasta hace dos semanas la familia el ex gobernador contaba con un aparato de seguridad de al menos ocho escoltas, los cuales fueron asignados por la FGEM, para proteger a los medios hermanos y madre del hoy prófugo de la justicia.

Así es, a los michoacanos nos sigue costando que la familia Conejo siguiera con los lujos de tener seguridad privada, la cual era absorbida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Cabe resaltar que ex gobernadores y ex secretarios de seguridad pública de cada estado tiene derecho a tener seguridad por el tiempo que duró su mandato, es decir si duraron 6 años tienen derecho a saliendo contar con seguridad por 6 años más, pero esto solo a los titulares, no a los familiares de los mismos y debe ser solicitado a la Policía Auxiliar del Estado, no a la Fiscalía del Estado, a no ser que cuenten con amenazas directas a su persona que puedan comprobar y presentar las denuncias correspondientes.

Esto que ha salido a la luz pone en juicio la imparcialidad de la Fiscalía del Estado, ya que por un lado están obligados a investigar el paradero del ex gobernador, Silvano Aureoles, pero por otro lado están prestando seguridad privada a su familia, algo que no es bien visto por los Michoacanos, ya que ante la ola de violencia y crímenes sin resolver, se dan el lujo de cuidar a una familia la cual es investigada por la Fiscalía General de la República por temas de corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el gobierno de Silvano Aureoles no pudo justificar más de 28 mil 588 millones de pesos en diversas auditorías aplicadas entre 2016 y 2021. Además, otros 2 mil 139 millones de pesos están pendientes de aclaración.
Las denuncias de la ASF ante la FGR derivaron en la indagatoria por el presunto desfalco relacionado con la construcción y compra de cuarteles policiacos.
El daño específico por esta operación asciende a 3 mil 412 millones 165 mil pesos.