Amenaza con despidos, no pagar salarios, entre otros.

Por medio de la Secretaria de Hacienda, el gobierno federal, desconocido como ilegitimo el paro nacional indefinido de los trabajadores del Poder Judicial el cual inició este miércoles 21 de agosto. En un documento enviado por el organismo, a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial, se le solicita al Consejo de la Judicatura dejar de pagar salarios y destituir a los manifestantes o a quienes se mantengan en paro.

En dicho escrito, se advierte que el continuar con el paro de labores y privar el paso a las instalaciones de las sedes judiciales a los justiciables «constituye una falta grave que amerita sanciones que enunciativamente pero no limitativamente pueden comprender desde descuentos, conclusión de nombramientos, acciones de cese en los diversos cargos, inicio de procedimientos disciplinarios, procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros,», se lee en el documento adquirido por el medio EL UNIVERSAL.

Con base en lo anterior, el documento se empeña en que el paro de labores de los órganos jurisdiccionales es «ilegal» y que (el paro) debe pasar por un procedimiento establecido por la Ley Federal del Trabajo el cual contempla la realización de una asamblea, la elaboración de un pliego petitorio y la presentación de una solicitud de huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Adicionalmente, debe ocurrir un plazo de 10 días en el que se buscará la conciliación, una vez pasado este tiempo, el tribunal determinará en un plazo de tres días si la huelga es legal o no. En caso de que no se cumpla este proceso, la huelga no será considerada huelga, sino paro de labores.

Bajo este contexto, los trabajadores tendrán un plazo de 24 horas para regresar a sus labores, «apercibidos que de no hacerlo quedarán cesados, situación que ya fue materializada por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación».

La Procuraduría Federal de la Federación, advierte al Consejo de la Judicatura que está obligado a no pagar a los trabajadores por los días en los que no estuvieron realizando sus labores «sin mediar causa legal justificada», de lo contrario incurrirá en daño al erario federal.

En el documento se establece que las recientes decisiones de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, tanto de personal operativo, sindicalizado y de confianza, “violan diversas disposiciones”.

Con información de: EL UNIVERSAL.