Ciudad de México
Desde hace 17 años, Estados Unidos ha mantenido la revisión de los movimientos de dinero de Ismael El Mayo Zambada. En las últimas dos décadas, el Departamento del Tesoro ha bloqueado activos y restringido relaciones comerciales con 100 personas físicas y morales vinculadas con el narcotraficante.
Así lo revela un trabajo especial de El Universal, de la autoría de Miriam Ramírez, relacionado con las actividades ilícitas de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, ahora detenido en una cárcel de ese país.
La información describe que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha señalado a la familia del capo de participar en esquemas de financiamiento ilícito y lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, y que han sido boletinados ocho hijos e hijas de alias El Mayo Zambada, su primera esposa, un hermano, una nuera y un sobrino.
El texto explica que el gobierno de los Estados Unidos también ha incluido en su listado de sanciones a sus operadores financieros, abogados, notarios, administradores, representantes legales, jefes de sicarios y líderes de células de la facción de Zambada, tanto de Sinaloa como de Baja California, Sonora, Durango, Colima y Centroamérica.
Agrega que una revisión hecha al periodo 2007-2024, se observa que la estructura de El Mayo ha sido expuesta públicamente en 18 ocasiones, con un total de 74 personas físicas y 26 morales. El Departamento del Tesoro ha argumentado que estas entidades forman parte de una estructura para lavar dinero ilícito proveniente del tráfico de cocaína, mariguana, metanfetamina, heroína y fentanilo.
En la actualidad, explica el reportaje, el listado de la OFAC incluye 820 personas físicas y morales mexicanas, el 12% corresponden a la estructura de Zambada.
Pormenoriza que esta persecución financiera estadounidense no ha tenido el mismo comportamiento en México. Las empresas del narcotraficante han sido prácticamente intocables a lo largo del tiempo.
Agrega que la mayor parte de las personas físicas y morales de la familia Zambada se mantienen activas ante la Secretaría de Economía, e incluso le han ganado desbloqueos de cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según se observa en una revisión hecha para este reportaje.
Entrevistada al respecto, la académica Cecilia Farfán, jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, cuestiona la inacción de la autoridad mexicana.
“¿Por qué el gobierno mexicano no hace nada a pesar de que esta información es pública? O simplemente no investiga por un número de razones que pueden ir desde la corrupción hasta no tener recursos para hacer algo en contra de esas empresas”, expone la investigadora.
La especialista en seguridad explica que el gobierno de Estados Unidos no tiene injerencia en las empresas que operan en México y no puede desmantelarlas. El listado de la OFAC se limita a prohibir a los ciudadanos estadounidenses sostener negocios con los designados.
Sin embargo, señala que el gobierno norteamericano sí suele utilizar esta información para negociar o llegar a acuerdos de cooperación con los narcotraficantes, lo que sí ha sucedido en el caso de la familia Zambada.
