Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró la mañana de este lunes que la investigación en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es un asunto de la Fiscalía que viene desde hace años.

Durante la “mañanera del pueblo”, la mandataria mexicana descartó que en el caso no tiene nada que ver ni el Gobierno Federal, ni la presidenta de México, no del gabinete.

Ante el cuestionamiento sobre si Aureoles Conejo, por quien giraron una orden de aprehensión, se encuentra fuera del país, la titular del Ejecutivo federal aseguró no tener má conocimiento al respecto y será la Fiscalía la que informe sobre la situación.

El pasado sábado se ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión contra ex colaboradores de Silvano Aureoles: Carlos Maldonado Mendoza, extesorero; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública, y Mario Delgado Murillo, exdelegado y Delegado de Finanzas.

DEMANDAS CONTRA LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN

El gobierno de Aureoles Conejo enfrenta 21 denuncias por presuntos actos de corrupción, que van desde fraude, desvío de recursos públicos, operaciones con fondos de origen ilícito hasta asociación delictiva, según la información que ha hecho pública la contralora del Gobierno de Michoacán, Azucena Marín Correa.

El monto total por las irregularidades señaladas a la administración silvanista, por las cuales ya hay denuncias penales y otras en trámite, ascendería a 23 mil millones de pesos.

Cabe recordar que en 2021, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, interpuso una demanda por el fraude de 5 mil millones de pesos durante su administración para la construcción de cinco cuarteles de la entonces Policía Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Y en 2024, al mandatario estatal morenista anunció que la denuncia se mantenía en la Fiscalía General del Estado y dijo que el gobierno de Aureoles “contrató obras a sobreprecio simulando contratos de arrendamiento cuando no existían los bienes inmuebles arrendados y luego compró estos cuarteles”.

“75 y 80 por ciento de los recursos que se desviaron son federales; también estamos viendo varios temas con la UIF. Esta investigación lleva tiempo, hay que corroborar varias cosas, pero la investigación está y la inhabilitación está en el sistema, en el padrón”, expuso en su momento el actual gobernador michoacano.