Emiliano Medina

El presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos, Donald John Trump, fue víctima de un nuevo intento de asesinato el pasado sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El responsable, Cole Thomas Allen, es un ingeniero de 31 años que viajó desde California a Washington con el objetivo de abatir al presidente, así como a parte de su gabinete. "No me puedo imaginar una profesión más peligrosa que esta", dijo Trump desde la Casa Blanca. El hecho invita a una importante reflexión: ¿Qué orilla a una persona a intentar perpetrar un magnicidio?, ¿cómo se diferencia del caso mexicano?, ¿qué podemos aprender?

Primero, es necesario señalar que los intentos de magnicidio no son nuevos en Estados Unidos, ni en la historia personal de Donald Trump, quien ha sido blanco de múltiples ataques a lo largo de su trayectoria política. Desde el atentado de 1981 que estuvo a centímetros de acabar con la vida de Ronald Reagan, prácticamente todos los presidentes subsecuentes han enfrentado algún tipo de amenaza o intento de asesinato en su contra. Al ir más atrás, la crisis se agrava: cuatro mandatarios estadounidenses fueron asesinados mientras ejercían el cargo, siendo el más reciente John F. Kennedy en 1963.

La pregunta es inevitable: ¿qué pasa con la cultura estadounidense? A diferencia de México, donde la violencia política rara vez apunta al presidente, en Estados Unidos el blanco predilecto parece ser precisamente la figura más poderosa del país.

Al analizar a los civiles que han intentado asesinar a Donald Trump nos encontramos con patrones interesantes: dos personas (Sandford y Leingang) tenían enfermedades mentales severas, y dos más (Routh y Allen) aparentemente seguían un móvil político. Sin embargo, el caso más desconcertante es el de Thomas Matthew Crooks. Elector republicano en las elecciones de medio término de 2022, pero donante esporádico de causas demócratas; alumno brillante pero solitario; sin ideología clara, sin manifiesto, sin cómplices, de tan solo 20 años. Este análisis es importante, pues de poco sirve continuar estigmatizando víctimas si personas con una identidad tan borrosa se quedaron a centímetros de cometer un magnicidio.

Ahora, al extrapolar el fenómeno de la violencia política al caso mexicano, es posible detectar un patrón diferente. La acción casi siempre está vinculada a figuras descentralizadas del poder, siendo los alcaldes los más vulnerables. A su vez, el móvil casi siempre tiene que ver con el narcotráfico: la lucha por una plaza, un ajuste de cuentas, un mensaje. Es violencia sistematizada y organizada, no suele seguir motivos personales ni llevarse a cabo por lobos solitarios.

Habiendo comparado ambos casos, creo que hay conclusiones importantes desde las cuales ambos países pueden tomar acción. En el caso de México, los datos demuestran que dentro de todas las aristas que deben robustecerse en materia de seguridad, es necesario proteger a los políticos: más de 90 alcaldes han sido asesinados en lo que va del siglo; uno cada tres meses. Esta situación, además de colocarlos en una posición comprometedora donde se busque pactar a cambio de seguridad, lleva a replantear el mismo diseño institucional: ¿cómo robustecer al Estado en entidades tan fragmentadas?

La seguridad debe reforzarse también en la cúspide del poder. El 4 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada en plena vía pública. Este hecho, además de evidenciar la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres en el país, lleva a imaginar un escenario catastrófico: ¿qué pudo haber pasado si esa persona se hubiera encontrado armada? Casos como el de Julio César Jasso Ramírez, quien la semana pasada abrió fuego en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán matando a una turista canadiense e hiriendo a 13 extranjeros más, invitan a pensar que el fenómeno de individuos armados y violentos está dejando de ser exclusivo de Estados Unidos.

Mientras tanto, en el caso estadounidense, las cinco personas que buscaron ultimar a Donald Trump tenían en común el fácil acceso a armas, y eso en sí mismo es revelador. Reitero: de poco sirve seguir haciendo análisis de las víctimas. Mientras la lógica no da respuestas para explicar por qué un ingeniero egresado de Caltech decide intentar asesinar al presidente, tal vez el sentido común de restringir la venta de armas pueda dar los resultados que el análisis sociológico no ha podido ofrecer. La distopía que día con día vende la Asociación Nacional del Rifle tiene un costo que no debe ignorarse más; ya no es el viejo oeste.

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