Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2024.- Los hechos suscitados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; en un acto político partidista, derivan de una responsabilidad civil subjetiva, la cual supone un hecho que se ejecutó por una falta de previsión o de cuidado seguramente de forma no intencional; estamos frente a una conducta ejecutada con imprudencia o negligencia, es decir, fue un acto en que debiendo prever el daño no se hizo.
El Poder Ejecutivo de la entidad ha anunciado una serie de medidas económicas para otorgar pensiones e indemnizaciones a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida o resultaron lesionadas, por otro lado, la candidata a la alcaldía de la capital de dicha entidad federativa pide a su partido político, destinar vía donación el recurso económico destinado a los cierres de campaña en ciernes, para beneficio de dichas personas.
Las manifestaciones anteriores denotan una ignorancia supina en la materia presupuestaria, ya que por un lado el gobierno de la entidad no está obligado a realizar dichas erogaciones por un lado y por otro, los recursos económicos en manos de los partidos políticos están debidamente etiquetados, los que motu proprio no pueden ejercerlos o gastarlos a discreción.
Este lamentable suceso nos permite reflexionar sobre la necesidad de establecer una mayor regulación en este tipo de actos de campaña, donde puedan resultar afectados los asistentes, es algo que en el colectivo se piensa no sucederá, pero los hechos en Monterrey nos dicen otra cosa; desde el Instituto Nacional Electoral, se deberán dictar las medidas con las que deben contar este tipo de actos y la obligación de los proveedores de los servicios o renta de materiales de contar con una póliza suficiente que cubra la responsabilidad ante terceros por cualquier tipo de siniestro que ocurra en su perjuicio.
Hay otro tema en el tintero que es la del personal que contratan los diversos actores políticos en su campaña, los que se disfrazan de simpatizantes y que a leguas sabemos que no lo son, se trata de personas que por su necesidad económica prestan este tipo de servicio en época de las campañas electorales, a quienes no se les garantiza una seguridad social y se les violentan derechos de naturaleza laboral, que no denuncian por la misma necesidad de contar con un ingreso adicional que pueden obtener en sus tiempos libres participando en la campaña con el candidato.
Finalmente todo el dinero que manejan en las campañas políticas, proviene de las contribuciones económicas que realizamos todos los mexicanos por mandato constitucional, su destino en materia electoral es específico, su ejercicio o gasto se encuentra regulado y es fiscalizado, un mal manejo deriva en la determinación de un crédito fiscal con cargo al partido político que corresponda, al final, ellos no pierden, perdemos todos los mexicanos que contribuimos para el gasto público.
