A casi dos años de la muerte de Norma Lizbeth, estudiante de secundaria en Teotihuacán, el proceso judicial que involucra a la menor identificada como Azahara “N” volvió a generar controversia tras su reciente liberación.

Norma perdió la vida en 2023 luego de una agresión ocurrida en el plantel Anexa a la Normal 0518, hecho que visibilizó de manera dolorosa el problema del acoso escolar en el país. En ese momento, las autoridades determinaron que Azahara “N” era responsable y dictaron sentencia en su contra. Sin embargo, recursos legales presentados por su defensa reabrieron el caso y permitieron que recuperara su libertad.

La decisión de otorgar un nuevo juicio, resultado de un amparo concedido, ha dividido opiniones. Mientras la familia de Norma exige que se cumpla la sentencia original y el pago de la reparación del daño, los representantes legales de Azahara insisten en que durante el procedimiento inicial se violaron derechos fundamentales de la acusada.

El caso volvió a los tribunales en medio de testimonios médicos, periciales y familiares que buscan sostener las pruebas de la responsabilidad. Para los allegados a Norma, se trata de una revictimización y de un retraso en el acceso a la justicia.

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Más allá de los tribunales, este proceso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia escolar. Organizaciones de derechos humanos y colectivos contra el bullying han señalado la urgencia de reforzar protocolos de prevención en escuelas y garantizar que hechos como el de Norma no se repitan.

La liberación de la adolescente acusada también ha abierto un debate sobre el sistema de justicia para menores en México, el cual busca equilibrar la reinserción social con el derecho de las víctimas a una reparación integral.

A pesar de que en 2023 se dictó una indemnización por daño moral y material que superaba los 450 mil pesos, la familia de Norma afirma que no ha recibido ningún pago. Además, denuncian sentirse intimidados en medio de un proceso que, aseguran, debería estar cerrado desde hace meses.

El desenlace del juicio será determinante no solo para ambas familias, sino también para la confianza social en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Fuente: Telediario