El gobierno de México rechaza las acusaciones del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas, reafirmando su compromiso con los derechos humanos.
El gobierno de México ha rechazado las declaraciones realizadas por miembros del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, quienes sugirieron que el Estado mexicano podría estar implicado en prácticas de desaparición forzada.
El Comité ha indicado que presentará una solicitud al Estado Mexicano, basada en el artículo 34 de la Convención, para investigar la situación de las desapariciones en el país. Esta acción podría llevar el tema a la Asamblea General de la ONU si se confirma un contexto generalizado o sistemático.
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En respuesta, el gobierno mexicano emitió un comunicado reafirmando su cooperación continua con el Comité en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. “El Estado mexicano analizará dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México”.
El comunicado, difundido por las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, subraya que “rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”. Las autoridades mexicanas enfatizaron que “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado” y reafirmaron su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la violencia.
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Además, el gobierno ha manifestado su compromiso de combatir las desapariciones y ha anunciado la implementación de acciones contundentes. México continuará respondiendo a las solicitudes de información del Comité mediante acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, proporcionando información precisa sobre la situación actual en el país.
Esta postura fue comunicada a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Comité para la Desaparición Forzada de la ONU a través de una nota diplomática.
