Madres buscadoras de desaparecidos exigen la destitución del magistrado suspendido, Rodrigo Benítez Pérez, en Nayarit, por varias irregularidades.

Nayarit.-Virginia Garay Cázares, líder de la Asociación Civil “Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros”, organización de madres buscadoras de desaparecidos, exige la destitución inmediata del magistrado Rodrigo Benítez Pérez, quien fue suspendido.

En una declaración pública, Garay Cázares exhortó a que el proceso legal contra Benítez Rodríguez sea llevado hasta el final, enfatizando que una mera suspensión temporal es insuficiente.

“No basta con su separación temporal del cargo, que de volver podría ejercer hasta 2033; su destitución debe ser definitiva, conforme a la legalidad y a la gravedad de los delitos que se le imputan”, declaró para Aristegui Noticias, Garay Cázares.

Virginia Garay explicó que el Congreso de Nayarit solo ha suspendido al magistrado mientras se resuelve su situación legal, como se detalla en el decreto PDP-CE 01/2024 de la XXXIV Legislatura de Nayarit, que en su artículo segundo indica que Benítez Pérez estará ‘separado de su puesto en tanto esté sujeto a proceso penal.’

La coordinadora subrayó que, aunque ha sido apartado temporalmente, la remoción no es definitiva, lo que podría permitir su regreso al cargo si el proceso legal no se maneja con transparencia e imparcialidad.

“Nos preocupa que puedan existir acuerdos irregulares que le permitan regresar al Poder Judicial, perpetuando así la impunidad y la protección del Estado a figuras involucradas en delitos graves”, señaló.

Benítez Pérez está acusado de violar a una subordinada y de tráfico de influencias en un caso patrimonial vinculado al fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, además de la destrucción de pruebas cruciales en investigaciones de desapariciones forzadas, incluyendo objetos encontrados en la fosa de los 21.

El magistrado ha defendido su posición en redes sociales, autodenominándose ‘perseguido político’ y denunciando corrupción en el gobierno estatal y el sistema judicial, donde también fue subfiscal.

Garay Cázares reiteró que el proceso judicial en su contra no constituye una persecución, sino una necesaria rendición de cuentas por delitos significativos que no deben quedar sin castigo.

Además, mostró su preocupación por la posibilidad de que Benítez Pérez busque asilo político, dado que podría tener información crítica sobre la seguridad estatal y nacional.

Comparó este caso con otros exfuncionarios de Nayarit involucrados en crímenes, como el ex fiscal Edgar Veytia, y destacó la importancia de Benítez para las familias buscadoras, ya que podría tener datos sobre el paradero de sus seres queridos.

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Finalmente, apeló a las autoridades para asegurar ‘un proceso legal justo y sin interferencias políticas; además, que investiguen a fondo y protejan a los denunciantes de los hechos.’