La reforma penal en Michoacán podría fomentar la censura a periodistas, limitando la libertad de expresión y criminalizando la labor informativa.

Morelia, Michoacán.- El colectivo #NiUnoMás Michoacán expresó su “profunda preocupación” ante la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que pretende tipificar la apología del delito, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la entidad.

Mediante un posicionamiento público, el colectivo de periodistas advirtió que la propuesta legislativa “contiene elementos que consideramos de profunda gravedad y que representan un serio riesgo para el ejercicio periodístico en Michoacán”, ya que podría invisibilizar el fenómeno delictivo en el estado “a través de la censura y la criminalización de la labor de informar sobre los temas de interés público”.

Una de las preocupaciones centrales radica en la adición de la fracción IX al artículo 24 del Código Penal, que pretende considerar como partícipes del delito a “los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”.

El colectivo alertó que esta redacción “es ambigua y peligrosa”, pues puede “ser utilizada para perseguir periodistas que realizan coberturas, generan investigaciones y reportan hechos sobre inseguridad, delincuencia y crimen organizado”.

Asimismo, #NiUnoMás Michoacán denunció que la incorporación del artículo 163 implica un nuevo frente de “violencia legal contra periodistas”, al prever sanciones para quienes por diversos medios, como “mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio”, hagan alusión o promoción de grupos delictivos.

En este sentido, afirmaron que la iniciativa “implica un claro intento de censura sobre fotografías e informaciones que aludan al fenómeno delictivo en Michoacán”.

#NiUnoMas Michoacán subrayó que, al no existir “límites claros ni criterios objetivos sobre qué constituye ‘incentivar la criminalidad’”, se corre el riesgo de censura y criminalización.

“Una de las formas recurrentes para buscar acallar el ejercicio periodístico es la violencia legal, por lo que manifestamos nuestro rechazo y preocupación por el contenido de esta reforma”, señalaron.

Además del impacto sobre periodistas, el colectivo advirtió que la reforma podría afectar también a “cronistas e investigadores que analicen fenómenos como los narcocorridos o las narcoseries desde una perspectiva sociológica o artística”, pues, aunque no exista intención de apología, el solo hecho de abordar el tema podría ser criminalizado.

La iniciativa ignora estándares internacionales en materia de libertad de expresión, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen que cualquier restricción a este derecho sea “clara, necesaria y proporcional”.

En contraste, recordaron que el artículo 13 de la Convención Americana protege el derecho a investigar