Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2024.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, admitió a trámite una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), para que el alto tribunal aclare cuál es el órgano competente para conocer de las suspensiones que han emitido jueces federales en contra de la reforma judicial.

Se trata de las más de 70 suspensiones dictadas por jueces de Distrito y analizadas por Tribunales Colegiados, así como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF), en el marco de juicios de amparo.

Los jueces han ordenado frenar la instrumentación de la reforma judicial, fundamentalmente en lo que toca a la elección de jueces, ministros y magistrados prevista para junio de 2025.

El expediente fue turnado a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que elabore un proyecto de resolución, mismo que será discutido en el Pleno de la SCJN.

Además, la presidenta de la SCJN determinó “dar vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que manifieste lo que estime conducente conforme a derecho”, según el acuerdo.

La solicitud fue presentada por la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, además de jueces y magistrados.

La semana pasada, el juez segundo de Distrito en Colima, Francisco Javier García Contreras, impuso una multa de 54 mil 285 pesos a cada uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por no cumplir una suspensión que frenaba los preparativos de las elecciones judiciales.

En la suspensión, concedida el 24 de septiembre de este año, el juez ordenó al INE no implementar las acciones para desarrollar las elecciones judiciales del próximo 1 de junio de 2025, por lo que el organismo electoral estaba impedido para emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de las mismas.

El pasado 23 de octubre, el TEPJF emitió una “opinión” en la que señaló que es “constitucionalmente inviable” frenar las elecciones judiciales.

A inicios de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió por cuatro votos a favor y tres en contra, dar al Senado la información para la elección de jueces y ministros, desacatando otra suspensión judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, tampoco ha cumplido con la suspensión dictada por la jueza Nancy Juárez Salas, que le ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial, por lo que la juzgadora había anunciado que daría vista al Ministerio Público de la Federación (MPF)

Sin embargo, el MPF interpuso un recurso de queja en contra la determinación de la jueza, mismo que deberá resolver un Tribunal Colegiado, como revisor de las resoluciones de las y los jueces de distrito.

La Jufed ha llevado sus reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que esta semana se llevó a cabo una audiencia, por lo que el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitará al Estado mexicano que le envíe informes sobre la reforma judicial.

La directora de la asociación, Juana Fuentes Velázquez explicó en Aristegui en Vivo que acudió al organismo, junto con asociaciones y la relatora de Naciones Unidas, para exponer los riesgos que perciben en la implementación de esta reforma.

En cuanto a la situación en el ámbito nacional, Fuentes Velázquez explicó que, tras la desestimación de las acciones de inconstitucionalidad y controversias promovidas por diversos partidos y autoridades, lo que queda son los juicios de amparo.

La jueza especificó que los amparos, tanto aquellos ya tramitados y que cuentan con suspensiones otorgadas, como los nuevos, permiten a los integrantes del Poder Judicial impugnar diversos actos derivados de la reforma.

 “Todavía viene un largo camino en el terreno nacional”, apuntó, y agregó que cada acción, como la implementación de la tómbola judicial y la convocatoria para jueces, puede ser impugnada individualmente al considerar que dichos actos no cumplen con los estándares legales. (CON INFORMACIÓN DE: ARISTEGUI NOTICIAS)