Para ser certificado como antisobornos, el Gobierno del Estado de Michoacán pagó un millón de pesos del erario público

Morelia, Michoacán.- El Gobierno del Estado pagó 50 mil dólares –alrededor de un millón de pesos- del erario público, para ser certificado como una administración antisobornos a través de la digitalización de trámites.

Lo anterior conforme al diputado de Morena , quien ha venido señalando las inconsistencias del llamado gobierno digital, y que en la última sesión de Pleno expuso cómo el Ejecutivo Estatal pagó 50 mil dólares para que se le otorgara la certificación ISO 37001.

El documento comprado por el Ejecutivo, certifica que el Gobierno del Estado cumple con los requisitos para la gestión antisoborno en sus estructuras.

Juan Carlos Barragán recuerda que dentro de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, el Congreso local aprobó un esquema de pago dual, es decir mixto, que permite a la ciudadanía pagar en efectivo o con tarjeta en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas, “sin embargo, en la práctica esta disposición no se está cumpliendo”.

La digitalización ha conllevado al incremento del monto total de pagos que deben hacer los contribuyentes, ya que no sólo las cajas instaladas para los pagos no otorgan cambio, sino que también en las tiendas de conveniencia los ciudadanos deben pagar comisión para cumplir con sus obligaciones.

“Personalmente fui a las ventanillas y comprobé que los ciudadanos deben pagar comisiones adicionales y enfrentarse a trámites innecesariamente complicados, un ejemplo, obtener un acta de nacimiento que tiene un costo oficial de 163 pesos puede costar hasta 200 pesos debido a que las practicajas no aceptan billetes de 20, ni dan cambio”.

“Vemos cobros indebidos, disfrazado de modernización, incluso actividades deportivas básicas se ven afectadas, la renta de una cancha en el Venustiano se vuelve inaccesible por la falta de opciones de pago”.

Recuerda además que la situación se agrava en localidades y municipios donde no hay bancos ni establecimientos de pago, lo que obliga a los ciudadanos a recorrer grandes distancias solo para cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Pensemos en los municipios de la Meseta Purépecha, en la Tierra Caliente, en la Sierra Costa, donde ni siquiera hay sucursales bancarias, ni tiendas de conveniencia con servicios de pago. ¿Cómo pretende el gobierno que la gente cumpla con sus contribuciones si no les da las herramientas para hacerlo?, no podemos gobernar de espaldas a la realidad”.

En los últimos días hemos escuchado a quienes defienden la digitalización como el único camino, señalando que el 75 por ciento de los pagos del refrendo vehicular se realizaron de manera digital, pero se omite una verdad fundamental, el refrendo vehicular es solo uno de los más de mil trámites que cobra el gobierno del Estado.

“Ese porcentaje no representa la realidad de todos los contribuyentes, se ha querido justificar esta política con el argumento de que recibir pagos en ventanilla fomenta la corrupción, sin embargo, como bien dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción se limpia de arriba hacia abajo”.

El legislador echa al aire la pregunta acerca de a quién en realidad beneficia esta política, “porque está claro que a la gente no; debe haber un alto a la discriminación económica, la política actual excluye a quienes no tienen acceso a la banca digital, marginando aún más a los sectores más vulnerables del Estado”.