Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026. Juezas y jueces del sistema de justicia penal de Michoacán vincularon a proceso a diversas personas imputadas por su probable responsabilidad en delitos de alto impacto, entre ellos fraude genérico, violencia familiar, abuso sexual contra persona menor de edad y homicidio en razón de parentesco o relación, imponiendo medidas cautelares acordes a cada caso y fijando plazos para la investigación complementaria.

En el caso de Morelia, se vinculó a proceso a Alejandro “N”, Yek Yunuel “N”, Gabriela “N” y Azucena “N” por el delito de fraude genérico; se les impuso prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. De acuerdo con los datos de prueba expuestos, las personas imputadas ofrecían créditos para autos seminuevos, solicitaban un pago inicial y mensualidades, sin entregar los vehículos a las víctimas.

En la misma región, Isacc “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual contra una persona menor de 16 años. La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para la investigación complementaria. La determinación fue adoptada con perspectiva de género y enfoque de derechos de la niñez, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, en Uruapan se vinculó a proceso a Amador “N” por violencia familiar en agravio de una persona de identidad reservada. Se ordenó su presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y testigos, mantener una distancia mínima de 100 metros y acudir a una valoración médica especializada; además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Los hechos ocurrieron en enero de 2026 en la localidad de Cocucho, municipio de Charapan.

En Zamora, Ana Karen “N” fue vinculada a proceso por homicidio en razón de parentesco o relación, en perjuicio de una víctima de identidad protegida. Durante la audiencia se reclasificó el delito y, tras el análisis con perspectiva de género, se impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Los hechos ocurrieron en enero de 2026 en un domicilio del fraccionamiento Acanto II, donde la víctima perdió la vida tras una agresión con arma de fuego.

El Poder Judicial de Michoacán reitera su compromiso con la impartición de justicia con apego a la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la aplicación de criterios con perspectiva de género y protección a niñas, niños y adolescentes, garantizando procesos judiciales imparciales y conforme a la Ley.