Morelia, Michoacán, a 06 de mayo del 2026.- En el marco de la sesión ordinaria, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objeto de garantizar la comunicación efectiva de las personas con discapacidad auditiva en todos los centros e instituciones de salud, públicas y privadas.
Acompañada por Yareni Pérez y Claudia Villanueva, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por integrantes de la comunidad de personas sordas de Michoacán, la legisladora subrayará que en la entidad existen más de 56 mil personas con discapacidad auditiva que enfrentan barreras estructurales para acceder a servicios médicos en condiciones de igualdad.
“La salud es un derecho humano, pero un derecho que no se puede ejercer plenamente no es un derecho real. Durante demasiado tiempo hemos sido omisos ante una barrera que excluye”, afirmará Arreola Ruiz.
La iniciativa propone establecer la obligación de las instituciones de salud de contar de manera permanente con intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicana o con mecanismos tecnológicos que permitan una comunicación efectiva, inmediata y en tiempo real. Dicha disposición deberá aplicarse con carácter prioritario en los servicios de urgencias, consultas médicas y hospitalización.
La diputada señaló que la ausencia de estos mecanismos ha derivado en diagnósticos equivocados, tratamientos inadecuados y, en casos extremos, en la pérdida de vidas humanas, configurando una forma de discriminación indirecta que el Estado está obligado a erradicar.
“Un sistema de salud verdaderamente humano es aquel que no deja atrás a nadie. Garantizar la comunicación en los servicios de atención médica es una decisión ética”, puntualizó.
La iniciativa también reconocerá a la Lengua de Señas Mexicana como lengua nacional y parte del patrimonio lingüístico del país, así como un instrumento indispensable para el ejercicio de los derechos humanos, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
