La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, presentó una iniciativa de reforma al artículo 248 Bis del Código Penal Federal con el propósito de sancionar las denuncias falsas y garantizar un acceso equitativo a la justicia para mujeres y hombres.

La propuesta establece que quienes presenten denuncias sobre hechos no cometidos y cuya falsedad pueda ser comprobada con pruebas contundentes podrían enfrentar penas de dos a seis años de prisión, además de multas que van de cien a trescientos días.

Turnada a la Comisión de Justicia, la iniciativa busca tipificar específicamente el delito de denuncia falsa, diferenciándolo de la falsedad en declaraciones y estableciendo sanciones que desincentiven su práctica sin afectar el derecho legítimo de denunciar hechos reales.

Rejón Lara destacó que la denuncia es una herramienta fundamental para la búsqueda de justicia, pero su uso indebido puede generar consecuencias graves. Subrayó que cuando se presentan acusaciones falsas, se desvían recursos de las autoridades, se vulneran los derechos de los acusados y se debilita la confianza en el sistema judicial.

Asimismo, señaló que algunas personas utilizan la denuncia como mecanismo de venganza o manipulación, lo que debe ser penalizado para evitar el abuso del sistema judicial. Aunque el Código Penal Federal ya contempla la falsedad de declaraciones en sus artículos 247 y 247 Bis, actualmente no se sanciona de manera específica la presentación de denuncias falsas ante el Ministerio Público, lo que deja un vacío legal que permite la impunidad.

La legisladora enfatizó la importancia de establecer medidas claras y proporcionales para castigar estas conductas sin distinción de género, asegurando que el sistema de justicia sea utilizado de manera legítima y protegiendo tanto a las víctimas reales como a quienes puedan ser falsamente acusados.

Finalmente, advirtió que este problema afecta la eficiencia del sistema judicial, pues distrae recursos que deberían destinarse a la atención de delitos reales. Además, puede generar desconfianza en las instituciones y poner en riesgo la credibilidad de denuncias legítimas, lo que impacta negativamente en la lucha por la igualdad de género y el acceso a la justicia para todos.