La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 8 y 120 de la Ley General de Bienes Nacionales con el objetivo de garantizar el acceso de personas con discapacidad a las playas marítimas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar.

La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población, establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá la responsabilidad de impulsar y garantizar medidas de inclusión que faciliten el acceso a estos espacios. Asimismo, el Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat, deberá promover acciones que aseguren la accesibilidad en la zona federal marítimo terrestre.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que, aunque la ley ya prohíbe restringir el acceso a las playas nacionales, aún es necesario reforzar las disposiciones para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de estos espacios en igualdad de condiciones.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total. De ellas, el 53% son mujeres y el 47% hombres. Estas cifras reflejan la importancia de establecer medidas que permitan su plena inclusión en actividades recreativas y turísticas.

Núñez Sánchez subrayó la necesidad de que el gobierno federal, en coordinación con los municipios costeros y los sectores privados, impulse acuerdos y concesiones que sirvan de base legal para la construcción y adecuación de accesos libres al mar. Estos accesos deben estar diseñados bajo un enfoque de inclusión, permitiendo que todas las personas puedan disfrutar de las playas sin barreras.

“Si las playas nacionales son de acceso y disfrute de todas las personas, es necesario que también estén consideradas las personas que cuentan con alguna discapacidad, para garantizar su accesibilidad en términos de igualdad y respecto de los demás”, enfatizó la diputada.

Finalmente, resaltó la importancia de implementar políticas que permitan a las y los ciudadanos desarrollar sus actividades laborales, personales y recreativas sin limitaciones, promoviendo así una sociedad más inclusiva y equitativa.