Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2025.- Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, “las y los menores de edad deben ser una prioridad en las políticas de seguridad y justicia”, por lo que la bancada naranja plantea diversas medidas orientadas a asegurar su bienestar y desarrollo en un entorno seguro y libre de violencia, por lo que se presentarán reformas a las normas vigentes, subrayó la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado.

La diputada integrante de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, en el Congreso del Estado, destacó que dentro de la agenda de la bancada naranja se plantea la implementación de unidades especializadas dentro de las fuerzas policiales para la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia y abuso infantil.

Añadió que estas unidades, por ley, deben contar con elementos capacitados para actuar con sensibilidad y rapidez, garantizando la protección de los derechos de las niñas y niños, por lo que se trabaja en una reforma al respecto.

Destacó que, como bancada naranja, desde la LXXVI Legislatura se impulsará una reforma a la procuraduría para que cuente con mayores recursos humanos y materiales, y con capacitación continua en lo que se refiere a los derechos a la atención de la infancia, psicológica y jurídica especializada.

«Con nuestro coordinador Víctor Manríquez hemos coincidido en que debe existir un programa por ley que se implemente en las escuelas públicas y privadas del Estado, con el que se promuevan los derechos de las y los niños y se contribuya a identificar las señales de abuso y fomentar un entorno seguro para el aprendizaje«, afirmó.

Asimismo, Grecia Aguilar dio a conocer que en el Congreso propondrá la creación de un centro especializado para la atención de menores que hayan sido víctimas de violencia, brindando apoyo médico, psicológico y social. En este se brindará un espacio seguro para que las y los niños se recuperen y reintegren a sus actividades cotidianas.

Adelantó que también se impulsará, desde la legislación, la creación de un sistema de alerta temprana que permita a las comunidades reportar situaciones de riesgo para las y los niños, fortaleciendo la red de protección comunitaria, el cual se integrará con las autoridades locales para responder de manera rápida y efectiva.