El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente "conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos".

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados. En concreto, se les acusa de alinearse con la facción dirigida por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos', y recibir a cambio "millones de dólares" de los beneficios del cartel.

La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran "secuestrando e intimidando a sus rivales", permitiendo que estos operen con impunidad.

Los antiguos cargos del gobierno de Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. A la lista se suman exjefes policiales como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dionisio Hipólito y el excomandante Juan Valenzuela Millán.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, enfrentando sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua. A Valenzuela Millán se le acusa además de participar en los secuestros de un informante de la DEA.

El fiscal Jay Clayton indicó que EE.UU. busca romper los vínculos entre la corrupción política y los capos de las drogas, enviando un mensaje claro a funcionarios que trabajan con narcotraficantes.