El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue con las investigaciones para dar con el paradero del exgobernador Silvano Aureoles y asimismo ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

«La FGR continúa con las pesquisas para dar con el paradero del exgobernador y cumplimentar la orden de aprehensión que emitió una jueza en la Ciudad de México por los delitos que ya presentó aquí con mucha claridad la Contralora del Estado», expresó Ramírez Bedolla.

Incluso confirmó que Aureoles Conejo se encuentra prófugo de la justicia.

«Sí tenemos información por parte de la FGR en el sentido de que anda huyendo. La FGR está haciendo ahora sí que la cumplimentación en varias partes del país, incluyendo Michoacán, otros estados de la República. No se puede brindar mayor información u especulación», subrayó.

Por otro lado, Bedolla mencionó que la denuncia en contra de Aureoles fue presentada en febrero y que la investigación se ha llevado a cabo durante varios años.

También destacó el caso de los cuarteles de seguridad, los cuales fueron construidos en la administración de Aureoles Conejo.

«Es un caso que en lo personal a mí me llamó la atención por el monto económico, en dinero. Son miles de millones de pesos por unos cuarteles», aseguró.

De acuerdo con Ramírez Bedolla, el costo de una de las construcciones era superior al valor real.

«Se pagaron algo así como 980 millones de pesos por un cuartel que hicimos avalúos del Instituto Nacional de Bienes Federales y Avalúos, el INDABIN, y no costaba, no tiene un valor superior a los 180 millones. Y se pagaron 980 millones, es decir, cinco veces su costo, no dos veces su costo, cinco veces su costo», informó.

Incluso mencionó que la adjudicación directa de dichas obras se basó a partir de una supuesta patente de construcción inexistente.

«El argumento por el cual se hizo la adjudicación directa es falso», señaló.

Sin embargo, agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal y la Autoría Superior de la Federación (ASF) identificaron las irregularidades en el manejo de recursos en el último año de gobierno de Silvano Aureoles.

Exfuncionarios de Michoacán involucrados en compra irregular de cuarteles a sobreprecio

La Contraloría del Estado de Michoacán, encabezada por Azucena Marín, ha revelado que exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas adquirieron siete cuarteles policiales a sobreprecio durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, con un daño al erario que asciende a más de mil millones de pesos.

Marín detalló que las compras fueron realizadas mediante adjudicación directa a la inmobiliaria DyF en 2016 y 2017, con un monto aproximado entre 5 mil y 6 mil 468 millones de pesos. A pesar de que los cuarteles fueron adquiridos a precios inflados, los pagos se dispersaron en septiembre de 2021, dos días antes de la finalización de la administración anterior, y se intentaron protocolizar en una notaría de la Ciudad de México.

Además, la contralora informó que en el momento de la compra no se comprobó la propiedad de los terrenos donde se construyeron los cuarteles, y los convenios modificatorios no evidenciaron los servicios que se habían prometido, lo que desmanteló el proyecto original.

Como resultado de una auditoría iniciada en 2021, la Secretaría de la Contraloría presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero de 2022. En junio de 2023, un informe de la Auditoría Superior de la Federación reveló un daño por 1,052 millones de pesos.

En febrero de 2024, la FGR aseguró los siete inmuebles involucrados, y en noviembre del mismo año, se logró la reparación del daño por 970 millones de pesos a favor del gobierno estatal.

En febrero de 2025, la FGR judicializó el caso por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Se dictaron órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios, entre ellos, los exsecretarios de Finanzas y Seguridad Pública, Carlos y Antonio, así como otros servidores públicos involucrados en la operación.

Marín destacó que la investigación y el trabajo de la Contraloría han permitido desmantelar los actos de corrupción que se llevaron a cabo durante la administración anterior, subrayando la importancia del seguimiento de las auditorías y la colaboración con diversas dependencias para llegar a la verdad.

Fuente: Aristegui Noticias