TRANSFORMANDO

“Cuando la realidad necesita cambiar de nombre para cumplir la ley, quizá el problema ya no sea la realidad.”

México tiene una extraordinaria habilidad política para resolver los problemas sin resolverlos, basta con cambiarles el nombre.

Un candidato puede no ser candidato, una precampaña puede no ser precampaña y un acto organizado para posicionar a quien pretende aparecer en una boleta puede convertirse, mediante el milagro del lenguaje político, en cualquier otra cosa.

No importa demasiado lo que sucede, importa cómo decidimos llamarlo.

El proceso electoral federal comenzó oficialmente el 10 de septiembre, ese día el INE dio el banderazo para una elección en la que se renovarán 500 diputaciones federales y, concurrentemente, 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, las precampañas y campañas llegarán después, aunque una parte de la competencia política decidió no esperarlas.

Morena comenzó desde agosto a designar coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al 15 de septiembre ya había nombrado diez, formalmente no son candidatos a gobernador, aunque varios medios los describen como los perfiles encaminados hacia esas candidaturas, algunos dejaron incluso sus cargos públicos para asumir la nueva responsabilidad.

Y justamente ahí comienza la simulación.

Durante años construimos un sistema electoral obsesionado con regular los tiempos de la competencia, pero paralelamente aprendimos a competir sin admitir que estamos compitiendo, los aspirantes recorren territorios, participan en reuniones, construyen estructuras, aparecen en mediciones y posicionan sus nombres mientras jurídicamente todavía no comienza aquello para lo que evidentemente se están preparando.

Hay otra pregunta mucho menos sofisticada, pero quizá más importante: ¿quién paga?

Para finales de junio, una treintena de diputados y senadores de Morena había solicitado licencia para participar en estos procesos, algunos ganaron y otros regresaron posteriormente a sus escaños, en Michoacán, Carlos Torres Piña pasó de una licencia, a presentar su renuncia definitiva como fiscal después de convertirse en coordinador estatal, en Guerrero, Beatriz Mojica es senadora con licencia y en Quintana Roo, Eugenio Segura también dejó temporalmente el Senado y anunció recorridos por los once municipios del estado.

Y entonces aparece una pregunta elemental que también debería formar parte de la fiscalización: ¿de qué viven durante esos meses, quién paga sus recorridos, oficinas, personal, vehículos, publicidad, reuniones y operación territorial? Tener familia o necesitar ingresos, por supuesto, no demuestra ninguna irregularidad, pero realizar actividad política cuesta dinero y ese dinero necesariamente sale de algún lugar.

El problema vuelve a ser el nombre, si todavía no son candidatos y tampoco están formalmente en campaña, esos recursos pueden quedar fuera de los controles que aplicarían a una campaña convencional, precisamente por eso el consejero Arturo Castillo ha insistido en una fiscalización anticipada y en que los gastos relacionados con estas actividades puedan incorporarse oportunamente a los topes correspondientes.

Porque una campaña puede cambiar de nombre, el dinero no.

El problema no es exclusivo de Morena, cualquier partido que encuentre una ventaja en adelantarse tendrá incentivos para hacerlo mientras la regulación, la fiscalización o las sanciones no logren impedirlo, la diferencia es que hoy Morena tiene algo que buena parte de sus adversarios quisiera tener: demasiados interesados.

Mientras el oficialismo necesita administrar ambiciones, una parte de la oposición todavía necesita producirlas.

Unos discuten quién conducirá el automóvil, otros todavía buscan las llaves.

El consejero Arturo Castillo lleva meses advirtiendo sobre estos procesos, desde marzo propuso lineamientos para identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente incorporar determinados gastos a los topes correspondientes, su propuesta no consiguió mayoría en el Consejo General.

Pero existe otra dificultad, según explicó el propio Castillo, los criterios establecidos por el Tribunal Electoral desde 2023 hicieron mucho más rígida la acreditación de los actos anticipados, al grado de que la ausencia de expresiones explícitas e inequívocas relacionadas con pedir el voto puede impedir que una conducta sea considerada anticipada.

Ahí está la paradoja.

Tenemos reglas para impedir que alguien arranque antes, pero también hemos construido una pista suficientemente ancha para correr alrededor de ellas.

El pasado 24 de septiembre la discusión volvió al Consejo General del INE, Movimiento Ciudadano sostuvo que las coordinaciones de Morena habían funcionado como precampañas adelantadas y cuestionó que se desarrollaran sin la vigilancia que correspondería a una precampaña formal, es una acusación partidista que tendrá que resolverse jurídicamente, pero demuestra que el problema dejó hace tiempo de ser hipotético.

Quizá por eso la frase de Arturo Castillo resume mejor la contradicción: si los partidos consideran incorrectos los tiempos que ellos mismos establecieron, “cambien la ley, pero no la incumplan”.

Una democracia no debería depender exclusivamente de que un aspirante pronuncie las palabras mágicas “vota por mí” para preguntarse si está realizando actividades destinadas a obtener una ventaja electoral, porque entonces la ley corre el riesgo de dejar de regular conductas para comenzar a regular vocabulario.

Y cuando finalmente llegue el momento formal de las campañas, sucederá algo extraordinario, habrá nombres posicionados, estructuras trabajando, territorios recorridos y disputas internas resueltas, entonces llegará el banderazo oficial y podremos anunciar solemnemente que acaba de comenzar aquello que llevábamos meses viendo.

Todo perfectamente explicado.

Todo cuidadosamente denominado.

Simulación.

POSDATA:

Brasil puede cambiar mucho más que de presidente, si Flávio Bolsonaro confirma su ventaja frente a Lula da Silva, la derecha recuperará terreno y la izquierda perderá su principal bastión político en América Latina, el tablero regional volverá a moverse.

Es tiempo de los ciudadanos… ¡¡¡No simulados!!!

El autor era empresario, analista y expresidente de la CANACINTRA.