La intención petista ha sido acceder a una bolsa de diez millones de pesos bajo el pretexto de la consulta
Morelia, Michoacán.- En Partido del Trabajo en el Congreso local, no ha desistido en su intento para que la Cámara contrate a un despacho –que el PT promueve- para que desarrolle los trabajos de las consultas sobre la Ley de Educación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al Legislativo realizar a indígenas y personas con discapacidad.
La intención petista ha sido acceder a una bolsa de diez millones de pesos bajo el pretexto de la consulta, sin embargo, el cambio que en su momento hubo en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, truncó el camino que llevaba andado el PT para contratar al referido despacho del que más allá del dicho petista, no existe antecedente público de experiencia en la materia, e incluso, no se dedica a temas jurídicos sino contables y su sede está ubicada en una pequeña casa de un FOVISSTE ubicado en Oaxaca.
En la última sesión del Pleno los diputados petistas, Belinda Hurtado Marín, Brenda Fraga Gutiérrez y J, Reyes Galindo Pedraza, exigieron de manera airada a la presidenta del Congreso, informara de la situación que priva sobre el mandato de la Corte, y buscaron adhesiones de otros diputados a su causa bajo el argumento de que el asunto compete y afecta todos ellos.
Debido al interés petista por acceder a los recursos públicos, la Cámara no ha dado cumplimiento al fallo emitido por la Corte y ha incurrido en desacato desde mayo de 2023 en que se venció el plazo dados por los ministros.
Cabe recordar que las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de porciones de la Ley de Educación aprobada en 2020 por el Congreso. En mayo de 2022 los ministros determinaron que el Legislativo michoacano incurrió en ilegalidad al legislar sobre educación indígena, especial e inclusiva sin haber consultado a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, tal y como estaba obligado a hacerlo en temas que les atañen por mandato constitucional.
El PT por presidir las comisiones de Educación y de Derechos Indígenas en el Congreso, ha considero que tiene mano sobre el dinero de la Cámara para dar cumplimiento al asunto (10 millones en 2023 y 7 millones en 2024), para lo que ha promovido la contratación de Casvi, una Consultoría de contadores públicos.
El acuerdo para la contratación de la consultoría camino durante el periodo de Julieta García Zepeda como presidenta del Congreso, sin embargo, al arribar Ivonne Pantoja Abascal al cargo, puso freno al asunto e inició una ruta para que en el proceso la Cámara tenga asesoría del Instituto Electoral de Michoacán por tener la experiencia en materia de consultas indígenas en el estado, así como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para que sea vigilante del uso de los recursos, además de instituciones educativas.
Ivonne Pantoja asegura que el asunto se está trabajando, “íbamos a continuar con el doctor Jean Cadet Odimba, él nos iba a apoyar con la consulta, estaba programado para iniciar después de las periodo de elecciones y lamentablemente ocurrió su asesinato. Ahorita estamos reestructurando eso, yo espero no dejar ese pendiente”.
