Ciudad de México
La Senadora de la República, Celeste Ascencio, se pronunció por iniciar un amplio y profundo debate sobre la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ella presentó para evitar la simulación en la postulación de candidaturas emanadas de acciones afirmativas en el país.
En su exposición de motivos, la legisladora michoacana destacó que con esta reforma se busca sancionar a las personas que usurpen candidaturas políticas simulando que pertenecen a personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual, como ocurrió en las elecciones del pasado 2 de junio.
“Durante el pasado proceso electoral, algunas personas fingieron ser indígenas, tener alguna discapacidad o pertenecer a la diversidad sexual bajo la finalidad de obtener indebidamente una candidatura”, evidenció Ascencio, quien es también indígena y activista de la población LGBTIQ+.
Afirmó que la usurpación de candidaturas de acciones afirmativas es un engaño al pueblo y resta oportunidades políticas a grupos vulnerables que históricamente han sido políticamente marginados.
“La simulación y la trampa son prácticas políticas que debemos desterrar de la vida pública de México; se trata de no mentir y mucho menos lucrar con los cargos públicos”, argumentó.
En la propuesta de Celeste Ascencio, se plantea que la simulación de pertenecer a un grupo vulnerable sea causal de suspensión de derechos políticos, por lo que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni obtener el cargo para el cual compitió.
Adicional a ello, la senadora de Morena presentó una segunda iniciativa de reforma constitucional para que en la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial se incluya a personas con discapacidad, indígenas y de la diversidad.
“Los gobiernos del pasado crearon una burocracia judicial que respondía a interés neoliberales, por eso decidimos que los jueces sean elegidos por el pueblo, pero la actual clase judicial no contempla a personas con discapacidad, indígenas, y LGBT”, explicó.
Indicó que el objetivo es impulsar un cambio profundo y verdadero en las instituciones de administración e impartición de justicia, y que parte de ese cambio debe estar orientado a integrar visiones distintas en las personas juzgadoras.
“La finalidad de esta iniciativa es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Poder Judicial de la Federación tengan integrantes que pertenezcan a los grupos vulnerables”, enfatizó.
Para Celeste Ascencio, esta propuesta está vinculada a la reforma aprobada ayer en la Cámara de Diputados en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, donde se les reconoce como sujetos de derecho público, lo que les abre la puerta para recibir y ejercer recursos presupuestales, así como ser consultados cuando algún proyecto pueda afectar su territorio y modo de vida.
“Con la 4T las comunidades indígenas no están solas. Con hechos, estamos acreditando que son una prioridad en la agenda pública del país y, desde el ámbito que ahora nos toca estar, vamos a seguir impulsando leyes que mejoren su entorno y bienestar”, afirmó.
