El juicio político promovido por la empresa Constructora de Imagen Exterior, es por presunto desacato a un mandato judicial, por el alcalde Alfonso Martínez.
Morelia, Michoacán.- Por presunto desacato a un mandato judicial, un particular promovió juicio político ante el Congreso del Estado en contra del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la síndica, Susan Melissa Vázquez Pérez, el secretario municipal Yankel Benítez Silva, así como contra todo el ayuntamiento.
El asunto se relaciona con una disputa por la instalación de espectaculares en puentes peatonales de la capital michoacana, en total son 31 publicitarios los que han originado la disputa entre el ayuntamiento y la Constructora de Imagen Exterior S.A. de C.V.
Desde 2007, cuando Carlos Macuzet Zamacona presidía el gobierno municipal en Morelia, empezó a operar la publicidad en los puentes peatonales en la ciudad, esto tras celebrar el 31 de diciembre de ese año el contrato de concesión de mantenimiento de puentes peatonales y de aprovechamiento de los mismos, para ser explotados y comercializados para publicidad.
Los desencuentros de la empresa con las administraciones morelianas presididas por Alfonso Martínez Alcázar no son nuevos, de hecho, durante su primera administración (2015-2018) se reportaba de la promoción de un juicio de lesividad para dejar sin efectos la concesión, radicado entonces en la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante el número 2/2010.
Con la administración morenista iniciada por Raúl Morón y concluida por Humberto Arroniz, antes de finalizar, el Cabildo autorizó prorrogar por 15 años más la licencia a la Constructora de Imagen Exterior para seguir operando, mandato que fue ejecutado ya iniciada la administración de Alfonso Martínez.
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Cabe apuntar que dicha empresa ha venido trabajando con morenistas, tanto que ha sido objeto de denuncias en materia electoral con varios de sus candidatos, incluido el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla,
En el juicio político promovido por la empresa a través de su representante, Jaime Mejía Garduño, se da cuenta de la disputa legal que se ha dado con la administración de Alfonso Martínez que arrancó en 2021.
En 2023 un juez federal otorgó la razón a la empresa y determinó la suspensión definitiva contra la determinación del ayuntamiento para revocar la prórroga de la concesión. En febrero de este año autorizó iniciar la revocación pese al mandato judicial.
La solicitud de juicio político deberá ser de inicio revisada por la Comisión de Gobernación para determinar su procedencia, en caso de ser así, habrá de ser turnada a la Comisión Jurisdiccional para dar inicio al juicio.
