En el marco de las manifestaciones perpetradas en Casa Michoacán y Palacio de Gobierno este 5 de abril, fecha conmemorativa a los hechos violentos suscitados en la comunidad indígena de Arantepacua, que dejó cuatro muertos, casi 40 detenidos y más de 35 maltratos humanos hacia los pobladores, familiares de los fallecidos compartieron su rabia e impotencia ante la nula acción de las autoridades por siete años.

“Hace siete años, el Gobernador en ese entonces era Silvano Aureoles Conejo ordenó a la policía de Michoacán entrar a nuestra comunidad, donde mató a cuatro hermanos de la misma. Diez detenidos, y un día antes, 38 detenciones arbitrarias. Es por eso que andamos aquí exigiendo justicia. Cada 5 de abril venimos a manifestarnos, porque exigimos la facultad de caso a nivel federal a la Fiscalía General de la República, para traer el caso, porque aquí no harán las investigaciones pertinentes para castigar a Adrián López Solís y a Silvano Aureoles Conejo”, dijo un miembro de la comunidad de Arantepacua.

Mujeres de las cuatro familias de los fallecidos en aquel 5 de abril de 2017, aseguraron con impotencia y rabia la nula acción de las autoridades para esclarecer el suceso. “Ha habido nada más mesas de diálogo, y también en aquel entonces, Silvano Aureoles y Adrián López Solís nos hacía que dejáramos la guardia, y nos ofrecía dinero. Nosotros queremos justicia. Somos familiares de Luis Gustavo, un joven que venía de la escuela y con ese comando que entró a la comunidad, fue asesinado. Estamos con rabia y coraje, y esperamos que la gente entienda este enojo. No bajaremos la guardia”, indicó una de las mujeres.

Por otro lado, se leyó una carta en exigencia al Gobierno Federal, así como a las autoridades estatales en turno, con el siguiente mensaje:

“5 de abril, ni perdón ni olvido. A los pueblos solidarios de México y del mundo, a los medios de comunicación, a la sociedad. El 5 de abril de 2024, la comunidad indígena autónoma purépecha de Arantepacua, Michoacán, a siete años de los hechos ocurridos el 4 y 5 de abril de 2017, demanda el cumplimiento de la recomendación 42BG2020 emitida por la CNDH, ya que no cuentan con avances, ni castigo a los responsables, ni atención médica y psicológica.

No se han emitido los dictámenes de reparaciones individuales, ni se ha cumplido con las obras comprometidas. No cuentan con el registro total de las víctimas, ni con los memoriales. ¿Cómo avanzará la justicia si los perpetradores no son juzgados? Castigo a Adrián López Solís, Juan Bernardo Corona, Armando Hurtado Arévalo, Silvano Aureoles Conejo, Victor Lara Gómez Arrieta.

La principal exigencia continúa y seguirá siendo el castigo a los responsables. Justicia. Memoria. Verdad. Reparación y garantías de no repetición por aquellos que no tienen voz y por los compañeros que han quedado en el camino. La justicia debe ser adecuada, rápida, efectiva y proporcional a la gravedad y al daño sufrido. Debe ser para todos. 5 de abril, ni perdón ni olvido. Abajo los muros de las prisiones”.

Finalmente, se pide castigo a los culpables, así como atención médica y psicológica para los miembros de la comunidad y que la gestión de Andrés Manuel López Obrador mantenga como prioridad a los pueblos indígenas.